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La Organización de Naciones Unidas ha lanzado una dura acusación contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señala de haber convertido Nicaragua en un Estado sin instituciones independientes y sin frenos al poder presidencial.
En un informe publicado este miércoles 26 de febrero, expertos del organismo advierten que el país centroamericano opera bajo un régimen de vigilancia y represión, diseñado para eliminar cualquier oposición y perpetuar a Ortega y su familia en el poder.
País sin controles ni derechos
El informe de la ONU es claro: Nicaragua es un Estado policial, donde una red de inteligencia supervisa cada movimiento de la población y decide a quién reprimir. Según el documento, la administración de Ortega es responsable de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y expulsión masiva de ciudadanos, medidas que buscan consolidar su control absoluto.
Reed Brody, uno de los miembros del grupo de expertos, comparó el régimen Ortega-Murillo con la dictadura de los Somoza, pero advirtió que la versión actual es aún más grotesca. “Más que una Constitución, es un decreto real”, denunció Brody, al referirse a la reciente reforma constitucional que eliminó los últimos vestigios de equilibrio de poderes.
Reformas a medida de una dictadura familiar
El detonante de la última condena internacional fue la reciente reforma constitucional, diseñada para dar a Ortega un poder absoluto sobre todas las instituciones del Estado.
Con el Congreso bajo control del sandinismo, el presidente se ha asegurado la posibilidad de nombrar un número ilimitado de vicepresidentes, lo que abre la puerta a la sucesión familiar en el poder.
La ONU señala que este cambio en la Carta Magna convirtió al Frente Sandinista y al Estado en una sola estructura represiva, eliminando cualquier posibilidad de disidencia o alternancia.
Además, la nueva legislación permite a Ortega suspender derechos constitucionales a voluntad, desplegar el Ejército para labores de represión y activar una “policía voluntaria” de encapuchados, similar a los paramilitares que en 2018 masacraron a más de 300 personas en protestas antigubernamentales.
Ante este panorama, la ONU insta a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes contra el régimen de Ortega y Murillo. Ariela Peralta, integrante del grupo de expertos, destacó la importancia de la presión global: “Las acciones internacionales son clave para frenar esta maquinaria de represión y evitar que Ortega siga consolidando su dictadura”, afirmó.
A pesar de las constantes denuncias y sanciones internacionales, el gobierno nicaragüense sigue endureciendo su control, aferrándose a un discurso revolucionario que ya solo sirve de excusa para instaurar una dictadura familiar.