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El juez William Alsup suspendió cautelarmente los despidos en espera de una decisión definitiva y dictó una orden contra la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y su director en funciones, Charles Ezell. Según Alsup, la OPM no tenía autoridad para ordenar la destitución de empleados federales y afirmó que “no se pueden dirigir las agencias federales con mentiras”.
El Gobierno admitió que la OPM no tiene facultad para contratar o despedir personal de otras agencias, pero argumentó que solo pidió revisar la idoneidad de los empleados en periodo de prueba.
La fiscal adjunta Kelsey Helland sostuvó que los demandantes están confundiendo una solicitud con una orden.
Litigios previos
Cinco sindicatos y cinco organizaciones sin ánimo de lucro demandaron el 19 de febrero para bloquear los despidos masivos, parte de una política de recortes impulsada por Trump y Musk. Miles de trabajadores en periodo de prueba han sido despedidos, y ahora los despidos se extienden a funcionarios de carrera.
Alsup ordenó a la OPM informar a todas las agencias federales, incluyendo el Departamento de Defensa, que planeaba despedir a miles de empleados este viernes. También exigió que el Gobierno revelara los participantes de la reunión del 13 de febrero, cuando supuestamente se ordenaron los despidos.
Líderes sindicales aplaudieron la decisión del tribunal. Lee Saunders, presidente de AFSCME, afirmó que el fallo da un respiro a los trabajadores federales y denunció que han sido atacados por “multimillonarios no electos y extremistas antisindicales”. Por su parte, Everett Kelley, de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, calificó la orden de la OPM como “ilegal y desmoralizadora” y prometió seguir luchando contra los despidos.
Se estima que hay 200,000 empleados en periodo de prueba en agencias federales, de los cuales 15,000 están en California. La demanda se basa en testimonios de agencias que dijeron haber recibido una orden expresa de la OPM para despedir trabajadores mediante un correo electrónico modelo.
Previamente, otros jueces federales en Washington y Massachusetts rechazaron recursos sindicales contra despidos y bajas incentivadas, argumentando falta de legitimación legal. Sin embargo, Alsup considera que las organizaciones sin ánimo de lucro demandantes tienen base legal, ya que la reducción de empleados afectará servicios públicos esenciales (con información de El País).