Búsqueda
La Corte Suprema de Estados Unidos escucha este martes los argumentos de México contra los fabricantes de armas, así como los argumentos de la contraparte, en un caso que podría sentar precedentes en la lucha internacional contra el crimen organizado.
México demandó a Smith & Wesson y a otros seis grandes fabricantes de armas estadounidenses en 2021 por daños y perjuicios por valor de 10 mil millones de dólares, alegando que las empresas diseñan y comercializan sus armas específicamente para los cárteles de la droga que luego las utilizan en el “asesinato y mutilación de niños, jueces, periodistas, policías y ciudadanos de a pie en todo México”.
La histórica audiencia coincide con la entrada en vigor de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump contra los productos mexicanos, alegando que el gobierno mexicano no hace lo suficiente para combatir a los cárteles, pero obviando que, si tienen tanto poder es, precisamente, gracias a que las armerías hacen negocio con los narcos, al venderles prácticamente todas las armas con las que cometen sus crímenes.
La Corte Suprema aceptó revisar el caso en octubre, un mes antes de que el republicano Donald Trump, un defensor de armas sin control, fuera elegido para un segundo mandato.
El gobierno mexicano argumenta que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crímenes en su país son fabricadas en Estados Unidos. Solo hay una armería en todo México, dicen sus abogados, y “sin embargo, la nación está inundada de armas”.
La NRA rechaza la demanda de México
Los grupos defensores de los derechos de las armas, incluida la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), afirman que la demanda es un esfuerzo por “destruir” la industria estadounidense de las armas de fuego al facilitar la interposición de demandas por enormes sumas, a pesar de una ley de 2005 destinada a proteger a los fabricantes de armas del creciente número de demandas interpuestas por gobernadores y alcaldes demócratas de todo el país.
“Los demandados de la industria armamentística están intentando utilizar este caso para reescribir la ley y ampliar drásticamente su inmunidad para incluir acciones que infrinjan la ley”, dijo a CNN David Pucino, director jurídico del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. “La Corte Suprema debería rechazar esa peligrosa invitación a cerrar la puerta de los tribunales a las víctimas de la violencia armada”.
La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas protege en general a los fabricantes de armas de la responsabilidad por delitos cometidos con sus productos. Una excepción permite estas demandas cuando existe una estrecha relación entre el daño —en este caso, el uso de armas en México— y las acciones de las empresas.
“México ha extinguido su derecho constitucional a las armas”, dijo la NRA a la Corte Suprema en un escrito. “Ahora (pretende) extinguir el de Estados Unidos”.
Una victoria de México permitiría que su caso siguiera adelante en el tribunal federal.
México alega que los fabricantes están ayudando e instigando la compra de armas de fuego por parte de los cárteles mediante la venta a distribuidores que se sabe que les suministran. También alega que los fabricantes de armas se han resistido a introducir cambios en el diseño de sus productos —como hacer que los números de serie sean más difíciles de manipular— que harían que las armas fueran menos atractivas para las bandas, ya que podrían rastrearse más fácilmente.
Los fabricantes, dijo México en documentos judiciales, anuncian las armas como de “grado militar” y diseñan productos de edición especial como la pistola Super “El Jefe” que el país dice que están dirigidos a la venta a las pandillas.
“La Corte Suprema se enfrenta a una disyuntiva: responsabilizar a la industria estadounidense de las armas por alimentar el crimen organizado en la frontera sur o dar a los fabricantes estadounidenses una inmunidad casi total”, dijo a CNN Hudson Muñoz, director ejecutivo de Guns Down America.
“Este caso no es sobre la Segunda Enmienda, es sobre si una industria puede facilitar el tráfico ilegal de armas, desestabilizar a un país vecino y enfrentarse a cero consecuencias”.
Un tribunal federal de distrito respaldó a los fabricantes de armas, pero el Tribunal de Apelación del 1.er Circuito de EU, con sede en Boston, concluyó que la demanda de México podía seguir adelante. Las empresas de armas recurrieron ante la Corte Suprema en abril.
¿Qué se espera de la Corte Suprema?
Se espera que la Corte Suprema, de tendencia conservadora (6-3), se muestra escéptica ante la demanda de México, en parte debido a una decisión que adoptó hace tan solo dos años en un caso relacionado con la red social X.
En el caso Twitter contra Taamneh, la familia de una víctima que murió en un atentado terrorista en Turquía en 2017 intentó demandar al gigante de las redes sociales por contribuir al atentado, ya que alojaba contenidos que ayudaban al ISIS a reclutar seguidores y recaudar dinero. En una decisión unánime, el tribunal dijo que la conexión entre el contenido en cuestión y el ataque no estaba lo suficientemente relacionada como para permitir a la familia demandar.
Es un punto que los fabricantes de armas se apresuran a destacar en sus argumentos escritos. La versión resumida, según las empresas, es que no tienen control sobre lo que la gente hace con las armas que fabrican.
“Este tribunal ha sostenido en repetidas ocasiones que se requiere una conexión directa entre la conducta de un demandado y el perjuicio del demandante”, dijeron los fabricantes de armas al alto tribunal en su apelación. “En su afán por atacar a la industria de las armas de fuego, México pretende arrasar principios básicos del derecho estadounidense que salvaguardan toda la economía”.
Pero el fallo de la corte de apelaciones a favor de México, que también fue unánime, dijo que la conducta de los fabricantes de armas puede haber sido algo más de lo que se alegó contra X. Los tres jueces de la corte de apelaciones que revisaron el caso de México fueron nombrados por presidentes demócratas.
“Los fabricantes no son meros observadores pasivos de la actividad ilegal del comprador”, escribió el panel de tres jueces, “sino más bien un participante calculado y dispuesto en la cadena de suministro que termina con un rentable mercado ilegal de armas de fuego en México”.
Optimismo mexicano
El asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, que acompaña al equipo jurídico en Washington, confía en la solidez de los argumentos del demandante mexicano para que la Corte Suprema le dé la razón en una sentencia que se espera para junio y que podría sentar un precedente judicial histórico, en caso de que confirme que los fabricantes de armas son cómplices de la violencia ejercida por los cárteles del narcotráfico.