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La violencia interétnica estalló nuevamente en Siria, sólo que ahora se invirtieron los papeles. Si durante las décadas que gobernó con mano dura el clan Asad, las víctimas era los sunitas de la myoría empobrecida, tras la caída del régimen de Bachar al Asad, los muertos los están poniendo los sirios de la etnia alauita (chiita), a la que pertenece el llamado “tirano de Damasco”, huido con su familia a Rusia el 8 de diciembre de 2024.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, la cifra de la matanza en tres días de “cacería de alauitas” aumentó a 1,331, de los que 830 eran civiles que vivían en las provincias costeras de de Latakia (519) y Tartús (220). La mayoría de los muertos, incluidos 250 exsoldados leales al antiguo régimen, fueron ejecutados de manera sumaria o asesinados a sangre fría por milicias armadas sunitas y miembros del nuevo Ejército sirio, comandado por los rebeldes que protagonizaron la caída de Damasco, en diciembre del año pasado.
El Observatorio realizó un llamado “urgente” a las nuevas autoridades sirias para “responsabilizar al personal de seguridad y defensa implicado en las ejecuciones sobre el terreno” contra la minoría alauita, rama del islam chií a la que pertenecen el expresidente Al Asad y que fue privilegiada durante su régimen.
“Las fuerzas de seguridad y sus fuerzas aliadas cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. Estos crímenes se producen en el contexto de operaciones de venganza generalizadas contra miembros de la secta alauita, en medio de continuas matanzas masivas, incendios de viviendas y desplazamientos forzosos, en ausencia de cualquier intervención internacional para poner fin a estas masacres”, sentenció el Observatorio.
El exlíder rebelde y presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa anunció este domingo la formación de un comité “independiente para investigar las violaciones contra civiles” y averiguar quiénes son los responsables de la masacre.