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Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, compareció este viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI) por videoconferencia desde el centro de detención donde permanece bajo custodia.
Con un evidente deterioro físico, apenas pudo vocalizar su nombre y fecha de nacimiento, mientras su defensa denunciaba su traslado a La Haya como un “secuestro” orquestado por su propio país.
Acusaciones de secuestro
Vestido con traje y corbata azul, Duterte mostró una imagen de fragilidad extrema: manos cruzadas, dificultad para sostener la cabeza y una voz apenas audible. La jueza a cargo de la sesión evitó pedirle que se pusiera de pie, algo habitual en estos casos. Su abogado, Salvador Medialdea, tomó la palabra para acusar a Manila de haberlo entregado ilegalmente y calificó la extradición como “un ajuste de cuentas políticas”.
A pesar de la imagen que proyectó Duterte, los médicos del Centro de Detención de la CPI afirmaron que se encuentra en condiciones de participar en el proceso. Según los informes médicos, el expresidente está “mentalmente consciente” y su estado responde más al agotamiento de su viaje que a una incapacidad real.
Duterte, quien dirigió Filipinas entre 2016 y 2022 tras haber sido alcalde de Dávao, está acusado de crímenes de lesa humanidad relacionados con su brutal “guerra contra las drogas”. Se le vincula con al menos 43 asesinatos, 19 de ellos cometidos por el Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) durante su periodo como alcalde, y otros 24 ejecutados bajo su mandato presidencial.
La orden de arresto, emitida el pasado 7 de marzo, detalla que estos asesinatos formaron parte de “un ataque tanto generalizado como sistemático” contra la población civil, enmarcado en una política estatal de exterminio contra presuntos delincuentes y consumidores de drogas.
Audiencia en medio de protestas
Desde las gradas del tribunal, la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, hija del expresidente, siguió la audiencia en completo silencio. Fuera del edificio, dos grupos de manifestantes protagonizaron escenas contrastantes: unos exigían su liberación inmediata con gritos de “¡Devolvedlo a casa!”, mientras que otros, con pancartas en mano, reclamaban justicia para las víctimas de su régimen.
La audiencia de este viernes no marca el inicio oficial del juicio, sino que fue una sesión preliminar. La CPI anunció que el proceso formal para confirmar los cargos contra Duterte comenzará el próximo 23 de septiembre y se llevará a cabo en inglés, a petición del acusado.
A pesar de los intentos de su defensa por desacreditar su detención, la CPI dejó en claro que existen “motivos razonables” para vincular a Duterte con crímenes de lesa humanidad. Con su primera comparecencia concluida, el mundo ahora espera si el exmandatario filipino enfrentará la justicia o si su deteriorada salud se convertirá en su mejor defensa.