Un jurado de Dakota del Norte determinó que Greenpeace deberá pagar cientos de millones de dólares a la empresa de oleoductos Energy Transfer, tras ser hallado culpable de difamación y otros cargos derivados de las protestas contra el oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017.

Energy Transfer Partners, una compañía petrolera y gasífera con sede en Dallas valuada en casi 70 mil millones de dólares, demandó a Greenpeace por 300 millones de dólares.

La empresa acusó al grupo ecologista de difamación y de incitar conductas delictivas durante las protestas, mediante lo que calificó como una “campaña de desinformación”.

Greenpeace negó las acusaciones y, tras conocerse el veredicto, denunció que este tipo de demandas buscan “destruir el derecho a la protesta pacífica”. Expertos en derechos constitucionales han alertado que el caso podría tener un efecto paralizador sobre la libertad de expresión y el activismo.

Jurado con vínculos petroleros

Desde antes del juicio, Greenpeace expresó preocupaciones sobre la imparcialidad del jurado en una región dominada por la industria de los combustibles fósiles.

Más de la mitad de los jurados seleccionados tenían lazos con este sector y opiniones negativas sobre las protestas contra los oleoductos.

Durante el proceso, también se reportó la circulación de panfletos de corte derechista disfrazados de periódico, titulados “Central ND News”, que contenían artículos a favor de Energy Transfer y en contra de las protestas.

Greenpeace alegó que esto podría haber influido en el jurado, pero sus solicitudes para trasladar el juicio a otra sede fueron rechazadas tanto por la corte del condado como por la Corte Suprema de Dakota del Norte.

Greenpeace: riesgo de quiebra

El fallo representa un enorme golpe económico para Greenpeace, que advirtió que una multa de esta magnitud podría llevar a la bancarrota a su operación en EU. La petrolera exigió el pago de una indemnización y demandó a tres entidades vinculadas con Greenpeace, argumentando que forman parte de una misma organización en lugar de redes independientes.

No está claro si Greenpeace apelará el veredicto. Sin embargo, el abogado Kirk Herbertson, de EarthRights International, calificó el proceso como un “ejemplo clásico” de una demanda estratégica contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).

Este tipo de litigios, según expertos, buscan desgastar y silenciar a críticos mediante costos legales abrumadores, aunque el demandante termine perdiendo el caso.

Golpe a la libertad de expresión

“Este veredicto no es una prueba de que Greenpeace haya actuado mal, sino el resultado de una serie de tácticas de propaganda y maniobras legales utilizadas por Energy Transfer para negar a Greenpeace su derecho a un juicio justo”, afirmó Herbertson. “Esperamos que la Corte Suprema de Dakota del Norte cuestione cómo este caso llegó a juicio en primer lugar”.

Deepa Padmanabha, asesora legal senior de Greenpeace, reafirmó la posición del grupo ecologista: “Debemos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta, que buscan destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión. Greenpeace seguirá luchando por la protección de estos derechos fundamentales para todos”.