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El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernandez de Kirchner y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por su presunta participación en importantes actos de corrupción durante su ejercicio en la función pública. La medida, adoptada por la Administración de Donald Trump, prohíbe tanto a los implicados como a sus familiares inmediatos ingresar al territorio estadounidense.
Declaraciones oficiales y alcance de la sanción
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en un comunicado que la acción sancionadora responde a la necesidad de promover la rendición de cuentas en casos donde se abusa del poder para beneficio personal.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio. Estas sanciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas del gobierno”, declaró Rubio, e hizo hincapié en que múltiples tribunales han condenado a ambos funcionarios por corrupción.
Antecedentes de las investigaciones
Según se informó, tanto Fernández como De Vido habrían abusado de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de diversas tramas de soborno vinculadas a contratos de obras públicas, lo que derivó en el desfalco de millones de dólares al erario argentino. La sanción se produce en el contexto de una larga serie de investigaciones que han salpicado a altos funcionarios de la administración argentina.
En un episodio relacionado, la Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó en noviembre del año pasado la condena a seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández en la causa conocida como ‘Vialidad’.
Esta investigación indagó irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de la exmandataria y de Néstor Kirchner (2003-2007). Aunque la sentencia original, dictada en diciembre de 2022, marcó la primera condena penal en su contra, la dirigente peronista aún no ha sido detenida al no haberse vuelto firme el fallo.
El pasado 14 de febrero, Cristina Fernández presentó un recurso ante la Justicia solicitando la revocación de su condena, mientras que la Fiscalía argentina insistió en elevar la pena a 12 años al sostener la acusación por asociación ilícita. Estas últimas novedades evidencian la persistencia y complejidad de las investigaciones en curso, en las cuales se destaca la búsqueda de justicia tanto a nivel nacional como internacional.