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El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad de sus cinco magistrados, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por conspirar para asestar un golpe de Estado e intentar que su adversario político, Luiz Inácio Lula da Silva no asumiera el cargo por tercera vez..
Bolsonaro, de 70 años, líder de ultraderecha brasileña y militar de la reserva, no es el primer exjefe de Estado brasileño en ser juzgado, pero sí el primero en que está acusado por un delito tan grave como subvertir la democracia.
El exmandatario, un nostálgico de la dictadura militar, siguió la vista de la máxima corte, televisada en directo, desde el despacho de su hijo Flavio en el Senado. Otro hijo, Eduardo Bolsonaro, dejó la semana pasada su escaño y huyó a Estados Unidos, previendo probablemente que se abriría juicio contra su padre y contra él mismo, en caso de que avanzara la investigación.
En concreto, el aliado de los presidentes de EU y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, respectivamente, está acusado de maniobrar para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022, que ganó el izquierdista Lula da Silva, a quien durante su gobierno conspiró con el juez Sergio Moro para meter en la cárcel.
Intento de asesinato de Lula
Los golpistas contemplaron, según la acusación, el asesinato del presidente Lula, de su vicepresidente y del juez del Supremo Alexandre de Moraes, que instruye el caso.
“Las pruebas producidas de manera autónoma por la Policía Federal son suficientes y han sido corroboradas por el el principal testimonio incriminatorio y otros interrogados”, declaró De Moraes, quien exhibió un video del ataque a las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023, llevado a cabo por seguidores de Bolsonaro, para demostrar que los actos fueron violentos, “no un paseo dominical de señoras con Biblias”.
El celular del coronel Cid
La piedra angular de la acusación contra Bolsonaro y el resto de los denunciados por urdir la trama golpista es la confesión del secretario personal del expresidente, el teniente coronel Mauro Cid.
Inicialmente investigado por falsificar la cartilla de vacunación de su jefe durante la pandemia, Cid decidió colaborar con los investigadores en 2023 tras una temporada en prisión preventiva. Su testimonio y su celular resultaron una mina para la policía porque era el correveidile de Bolsonaro en su relación con el resto de los presuntos golpistas.
El expresidente intentó infructuosamente que esa delación premiada fuera anulada.
¿Cuántos años de prisión en caso de culpabilidad?
Los siete supuestos cómplices que formaron con él el núcleo duro del complot golpista también serán juzgados. Cada uno de ellos se enfrenta a cinco delitos, incluido intento de abolición violenta del Estado de derecho, que pueden acarrear hasta 43 años de prisión.
La fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una organización criminal armada que organizó una campaña de desinformación para cuestionar las urnas electrónicas, alentar públicamente la ruptura del orden democrático, presionó a la cúpula de las Fuerzas Armadas para romper el orden constitucional y manejó decretos golpistas en una estrategia golpista que culminó en el asalto las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. Justo un año antes, el entonces presidente derrotado Donald Trump alentó el asalto al Capitolio en Washington.
El fiscal general, Paulo Gonet, consideró probado en su denuncia que el golpe planeado no salió adelante porque parte de la cúpula militar, los jefes del Ejército y de la Aeronáutica, se negaron a sumarse a la asonada.
De los ocho presidentes que ha tenido Brasil desde el fin de la dictadura, siete fueron denunciados por distintos delitos, pero solo uno, Lula, fue juzgado y condenado por corrupción, en varios casos anulados por un defecto de forma. Otros dos, Dilma Rousseff y Fernando Collor, fueron destituidos en juicios políticos.