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La administración del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga para permitir la continuación de deportaciones masivas de migrantes mediante la poco conocida Alien Enemies Act, una ley de tiempos de guerra que permite expulsiones sin juicio previo ni debido proceso.
El recurso de emergencia llega un día después de que un tribunal federal de apelaciones respaldara la orden temporal de un juez de distrito en Washington D.C., que bloqueó el uso de esta ley para deportar a migrantes venezolanos bajo acusaciones de pertenecer a grupos criminales.
“El gobierno está siendo forzado a ‘albergar individuos que los funcionarios de seguridad nacional han identificado como miembros de una organización terrorista extranjera con la intención de causar daño grave a los estadounidenses’”, argumenta el escrito presentado por el Departamento de Justicia.
Polémica por una ley olvidada
La Alien Enemies Act, aprobada en 1798, permite al presidente ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de países enemigos durante tiempos de guerra. El 15 de marzo, Trump invocó este estatuto afirmando —sin presentar pruebas— que la pandilla venezolana Tren de Aragua había sido infiltrada deliberadamente en Estados Unidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
Esa misma noche, aviones despegaron desde territorio estadounidense con cerca de 300 migrantes venezolanos a bordo, acusados por el gobierno de pertenecer al Tren de Aragua. Sin embargo, mientras las aeronaves estaban en vuelo hacia El Salvador, un juez federal bloqueó la aplicación de la ley para esas deportaciones. Pese al fallo, los venezolanos no fueron devueltos al país.
Una investigación del New York Times, basada en un documento de inteligencia estadounidense, contradice la versión oficial de Trump sobre un vínculo entre el gobierno venezolano y dicha pandilla.
La batalla llega a la Corte Suprema
“La administración Trump está utilizando un poder de guerra para expulsar sin juicio a personas que viven en EE.UU., muchos de los cuales no tienen vínculo alguno con el crimen organizado”, denunció Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) y principal abogado en el caso.
Gelernt explicó que su equipo busca mantener la suspensión temporal para permitir que los tribunales examinen a fondo la legalidad de esta medida sin precedentes: “De lo contrario, más personas serán enviadas a prisiones extranjeras notoriamente peligrosas, sin derecho a defenderse”.
Por su parte, el Departamento de Justicia replicó que “la Constitución es clara” al respecto: “El presidente decide cómo ejecutar operaciones de seguridad nacional sensibles, no los tribunales”.
El argumento de la Casa Blanca se basa en lo que califica como un “proceso riguroso” para identificar miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, familiares de muchos de los deportados niegan categóricamente cualquier relación con pandillas. En muchos casos, las acusaciones parecen basarse únicamente en tatuajes visibles u origen nacional.
Ante la creciente polémica, el juez federal James Boasberg ordenó este mes al gobierno ofrecer audiencias individualizadas a los migrantes acusados de pertenecer a grupos criminales antes de ser expulsados del país.
La Alien Enemies Act había caído en desuso desde la Segunda Guerra Mundial, y su invocación actual ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que temen que el precedente permita criminalizar a comunidades enteras sin evidencias ni garantías legales.
Seguridad nacional o estrategia electoral
La medida ocurre en un contexto en el que Trump ha endurecido su retórica migratoria, buscando presentar su gestión como “implacable” frente a lo que ha llamado una “invasión” por parte de organizaciones criminales extranjeras. Según observadores políticos, su uso de la Alien Enemies Act forma parte de una estrategia de campaña que apunta a reforzar su imagen de “mano dura”.
Mientras tanto, los tribunales federales deberán decidir si el presidente puede, en nombre de la seguridad nacional, revivir una ley de guerra para deportar migrantes sin juicio, o si esta acción representa una extralimitación inconstitucional del poder ejecutivo. La Corte Suprema podría pronunciarse en cuestión de días.