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Mientras la administración Trump aprieta el puño migratorio, mientras los decretos se multiplican y las redadas se normalizan, una mayoría de ciudadanos en EU apoya que al menos algunos inmigrantes ilegales sean deportados, especialmente aquellos que han cometido delitos violentos.
Sin embargo, el consenso se diluye en los detalles. Según una reciente encuesta del Pew Research Center, el 32 % de los adultos en EU está a favor de deportar a todos los inmigrantes en situación irregular, mientras que el 16 % rechaza cualquier deportación. Un 51 % sostiene que solo algunos deberían ser expulsados.
De quienes apoyan deportaciones parciales, el 97 % dice que deben aplicarse a personas con antecedentes por crímenes violentos. Pero las opiniones se dividen ante delitos menores (52 %), migrantes que llegaron en los últimos cuatro años (44 %) y, en mucha menor medida, personas con vínculos familiares en el país. Los datos reflejan una profunda división moral y política que permea en el país.
Miedo cotidiano
El endurecimiento de las políticas migratorias se resiente en la vida diaria de muchos residentes. El 19 % de los adultos manifiesta preocupación porque ellos, un familiar o un amigo puedan ser deportados. Esa cifra asciende al 42 % entre adultos hispanos y al 30 % entre personas migrantes.
Además, el 5 % de la población teme ser obligado a probar su estatus migratorio en situaciones cotidianas, como ir al trabajo o al médico.
Este miedo provoca cambios de comportamiento. Un 4 % ha comenzado a portar documentos que prueben su estatus legal; un 2 % ha alterado sus rutinas por temor a detenciones, y otro 2 % ha evitado servicios públicos como hospitales o estaciones de policía.
También surge un fuerte debate sobre los espacios donde se permiten arrestos migratorios: mientras la mayoría se opone a que ocurran en escuelas, hospitales o iglesias, sí se aprueba su realización en protestas, hogares o centros de trabajo.
A la par, el gobierno trumpista eliminó protecciones temporales a unos 532,000 migrantes beneficiarios de programas de parole, y puso fin a permisos especiales bajo TPS y DACA, afectando a más de un millón de personas. El uso de leyes como el Alien Enemies Act de 1798 ha permitido realizar deportaciones sin audiencia judicial, especialmente contra ciudadanos venezolanos tras su designación como “actores hostiles”.
Big Brother tecnológico
La política migratoria estadounidense de 2025 escruta el país. De acuerdo con información de Forbes, bajo órdenes ejecutivas, se han revocado más de 300 visas estudiantiles, algunas vinculadas a estudiantes extranjeros que participaron en protestas pro-Palestina.
La administración también eliminó la opción de género no binario en los formularios de inmigración y anunció la vigilancia sistemática de redes sociales de inmigrantes bajo criterios ideológicos, especialmente por “antisemitismo”.
Uno de los aspectos más polémicos es el uso de información fiscal para propósitos migratorios. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) firmó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional que permite a ICE acceder a datos tributarios para identificar a personas sin documentos.
Defensores de libertades civiles advierten que esta práctica puede erosionar la confianza en el sistema fiscal y empujar a millones de contribuyentes al margen, afectando la recaudación.
Al mismo tiempo, EU ha revocado todas las visas de ciudadanos sudaneses por la negativa de su gobierno a aceptar repatriaciones. En el caso de Colombia, se usaron amenazas arancelarias para forzar cooperación con vuelos de deportación. Expertos denuncian que estas acciones sancionan colectivamente a personas que no han violado leyes, y reflejan un uso geopolítico del sistema migratorio.
Crisis constitucional en puerta
La administración ha intensificado el uso de la deportación acelerada sin revisión judicial. Aunque un juez federal intentó frenar vuelos de deportación hacia El Salvador, el gobierno alegó que la orden no era vinculante hasta su publicación formal y procedió con las expulsiones.
La Corte Suprema permitió continuar los procesos, pero ordenó que los detenidos reciban notificación para poder apelar. La jueza Sonia Sotomayor calificó esta práctica como una acción encubierta y peligrosa.
El impacto en el sistema judicial es hondo. Más de 4.3 millones de casos se acumulan en tribunales migratorios, con 1.5 millones de solicitudes de asilo pendientes. El tiempo promedio de espera para una audiencia supera los cuatro años, y la mayoría de los migrantes no cuenta con representación legal. ICE ha recibido instrucciones de cumplir cuotas de arresto diario, mientras Trump promete deportar hasta a 11 millones de personas en este mandato.
Y hay que sumar los efectos económicos de la política actual. Los sectores agrícola, de construcción y salud —altamente dependientes de mano de obra migrante— ya enfrentan escasez. Los inmigrantes representan el 28 % del personal de cuidados domiciliarios y el 16 % de los enfermeros. El costo de las deportaciones masivas amenaza con desestabilizar aún más el sistema laboral y social.
Mientras tanto, el Congreso permanece polarizado y el gobierno busca más de 175 mil mdd para sostener la maquinaria migratoria más agresiva de su historia reciente.
Según The Washington Post, el gobierno de Trump se propone deportar a un millón de personas este año, una cifra récord que incluiría miles de expulsiones a terceros países, algo que funcionarios y expertos consideran poco realista pero que no deja de preocupar.