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La tensión política en Panamá estalló esta semana tras la visita de tres días del secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, y la confirmación por parte del presidente Donald Trump del despliegue de tropas estadounidenses en territorio panameño.
“Hemos trasladado muchas tropas a Panamá”, dijo Trump el jueves ante periodistas, generando acusaciones de la oposición sobre una “invasión camuflada”.
El líder del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, denunció que “se trata de una invasión sin disparar un solo tiro, pero con garrote y amenazas”.
Sus palabras reflejan el malestar que crece entre sectores opositores ante la presencia militar de EU en tres antiguas bases militares norteamericanas —Fort Sherman, Rodman y Howard— que, según el gobierno panameño, no son “bases militares”, sino instalaciones temporales para “actividades humanitarias” y de “entrenamiento”.
Sin embargo, el texto completo del memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), firmado el 9 de abril por Hegseth y el presidente panameño José Raúl Mulino, incluye imágenes aéreas de las tres instalaciones con zonas delimitadas para el uso exclusivo del personal estadounidense.
La oposición sostiene que si Panamá debe pedir permiso para entrar a dichas zonas, entonces se trata de bases militares en violación al tratado de neutralidad del canal.
Canal en el centro de la tormenta
La reaparición de fuerzas armadas de EU en Panamá revive para muchos los fantasmas de la Operación Causa Justa de 1989, cuando tropas estadounidenses invadieron el país y mataron a miles de civiles.
El tratado Torrijos-Carter de 1977, que transfirió el canal a soberanía panameña en 1999, prohíbe expresamente la presencia militar extranjera permanente.
Pese a ello, el secretario de Defensa justificó el incremento de la presencia militar estadounidense con el argumento de “proteger el canal de la influencia china”.
La justificación ha sido percibida por la ciudadanía y amplios sectores políticos como una excusa para reinstaurar el control de Washington sobre una infraestructura estratégica bajo la bandera de la seguridad global.
Otro punto crítico es un segundo acuerdo firmado que permite a buques de la Armada de EU ser reembolsados por las tarifas de paso en el canal, un trato preferencial que podría contravenir el principio de neutralidad y sentar un precedente para futuras presiones comerciales de Washington.
La falta de claridad y transparencia en las negociaciones ha profundizado el descontento. Desde que Trump asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero y declarara su intención de “recuperar” el canal, toda la interlocución se ha realizado únicamente entre Mulino y funcionarios estadounidenses, sin participación del Parlamento ni de organismos internacionales.
Esta opacidad ha provocado acusaciones de “crímenes contra la personalidad internacional del Estado”, como la presentada el jueves por un abogado local ante la Corte Suprema contra el presidente Mulino.
Creciente rechazo ciudadano
La crisis se ha agravado por las versiones encontradas entre los comunicados de Panamá y EU sobre las conversaciones diplomáticas. En febrero, tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio, Mulino aseguró que la reunión fue “cordial” y que la soberanía panameña no estaba en riesgo. Rubio, sin embargo, calificó la situación del canal como “inaceptable”.
Más recientemente, tras el encuentro con Hegseth, la versión panameña afirmaba que el funcionario estadounidense reconocía la “soberanía inalienable” de Panamá sobre el canal, frase que no apareció en el comunicado oficial de defensa de EU ni fue confirmada por Hegseth en su rueda de prensa.
Mulino ha optado por no buscar apoyo diplomático de aliados regionales como México o Canadá, lo que ha generado aún más aislamiento. La organización Transparencia Internacional pidió el jueves, a través de redes sociales, que el mandatario informe a la nación sobre “todos los detalles de lo que está ocurriendo, los acuerdos en proceso y las presiones que esté recibiendo”, advirtiendo que la transparencia es indispensable para lograr unidad nacional frente a lo que califican como una amenaza a la soberanía.
El descontento popular se ha visto alimentado además por otros factores: la impopular reforma al sistema de seguridad social, la reapertura de negociaciones con la minera de cobre que fue cerrada por protestas en 2023, y su débil posición política interna.
Mulino carece del respaldo de buena parte de los diputados de su propio partido, fieles al expresidente Ricardo Martinelli, asilado desde hace semanas en la embajada de Nicaragua para evadir cargos de corrupción. Su solicitud de exilio fue rechazada por ese país recientemente.