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La justicia federal volvió a ponerle un alto a las medidas ejecutivas de Donald Trump. Este jueves, el juez William Orrick, con sede en San Francisco, bloqueó dos órdenes del presidente destinadas a retener fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, al considerar que dichas acciones vulneran directamente la Constitución de Estados Unidos.
Orrick falló a favor de 16 ciudades y condados que demandaron al Gobierno, argumentando que no tienen obligación legal de convertir a sus policías en agentes migratorios.
“Congelar o condicionar los fondos federales asignados por el Congreso viola los principios de separación de poderes y la Cláusula de Gasto”, subrayó el magistrado en su resolución.
Castigo presupuestal como arma de deportación
La medida es un golpe directo al plan de deportaciones masivas que impulsa Trump desde su regreso al poder. Como parte de esa estrategia, el presidente instruyó a los departamentos de Justicia y Seguridad Interna a retener recursos a los gobiernos estatales y locales que se nieguen a colaborar con las redadas migratorias. Es decir, castigar con recortes a quienes no se alineen con su política de “tolerancia cero”.
Sin embargo, el juez Orrick fue categórico: el Ejecutivo no puede usar el presupuesto como un garrote político para doblegar a las autoridades locales, ni mucho menos sustituir al Congreso en la definición de asignaciones federales.
¿Qué son las ciudades santuario?
Las llamadas ciudades santuario son jurisdicciones que adoptan políticas para limitar la cooperación de sus fuerzas del orden con las autoridades migratorias federales. Alegan que forzar a los policías locales a actuar como agentes del ICE mina la confianza con las comunidades inmigrantes, pone en riesgo la seguridad pública y criminaliza la convivencia cotidiana de millones de personas.
La narrativa trumpista, en cambio, las acusa de “proteger delincuentes” y las convierte en objetivo recurrente de amenazas, demandas e intentos de estrangulamiento financiero.
California, epicentro de la resistencia legal
Entre los gobiernos locales protegidos por el fallo se encuentran San Francisco, Oakland, San Diego, San José, Santa Clara, Sacramento y Santa Cruz, así como el condado de Monterey. Todos en California, estado que ha liderado la resistencia contra las políticas migratorias de Trump desde su primer mandato.
Además, ciudades y condados de Washington, Minnesota, Connecticut, Oregón y Nuevo México también se beneficiarán de la decisión judicial, que se suma a otro bloqueo que el propio juez Orrick emitió durante el mandato anterior del magnate republicano.
Trump no solo enfrenta esta revés judicial. En Massachusetts, las ciudades de Chelsea y Somerville han presentado otra demanda en su contra, buscando impedir que la Casa Blanca continúe presionando ilegalmente a las autoridades locales para participar en operativos migratorios.
El fallo de Orrick refuerza el argumento de que el respeto a los gobiernos locales y la separación de poderes no son opcionales, incluso cuando la retórica federal se viste de mano dura.