La política migratoria, que alguna vez fue uno de los bastiones de popularidad de Donald Trump, parece que empieza a resquebrajarse. Esto, si nos fiamos de lo que arroja una encuesta conjunta de The Washington Post, ABC News e Ipsos que dice que 53 % de los estadounidenses desaprueba ahora su manejo de la inmigración, frente a un 46 % que lo aprueba.
Se trata de un giro notable respecto a febrero, cuando el presidente republicano aún contaba con la mitad del país de su lado.
Ahora, incluso entre independientes y una porción minoritaria de republicanos, crecen las críticas a unas tácticas que muchos consideran no solo extremas, sino abiertamente ilegales.
Desprecio por la ley
La caída en la aprobación llega en un momento en que la Casa Blanca ha intensificado medidas que bordean —y a veces cruzan— los límites constitucionales.
Entre las acciones más controvertidas figura la deportación sin debido proceso de 238 migrantes a una megacárcel en El Salvador, así como la cacería de estudiantes y profesores extranjeros en universidades estadounidenses.
En uno de los casos más emblemáticos, el Gobierno deportó a Kilmar Abrego García, residente en Maryland casado con una ciudadana estadounidense, pese a que una orden judicial de 2019 prohibía explícitamente su expulsión.
Aún reconociendo el error, el Ejecutivo se niega a facilitar su regreso, alegando absurdamente que “no tiene autoridad” para revertir la deportación.
La administración ha intentado manchar la imagen de Abrego García etiquetándolo como un supuesto pandillero, sin ofrecer una sola prueba.
La opinión pública no compra el relato oficial
Según el sondeo, 42 % de los estadounidenses cree que Abrego García debe ser traído de vuelta a EU, frente a un 26 % que opina que debe permanecer encarcelado en El Salvador. Un 30 % admite no tener suficiente información para formarse una opinión, prueba de que el caso, aunque icónico, todavía no permea a toda la población.
La grieta política es evidente:
- 74 % de los demócratas quiere que regrese.
- 53 % de los republicanos prefiere que siga preso.
- Entre independientes, el país está partido: 39 % a favor de su regreso y 21 % a favor de su permanencia en prisión.
El caso se ha convertido en un termómetro del rechazo creciente no solo a la política migratoria de Trump, sino también a su estilo de gobernar: autoritario, provocador y con un desprecio alarmante por las sentencias judiciales.
El jueves, otro juez federal en Maryland ordenó a la administración asegurar el regreso de un venezolano deportado también ilegalmente a El Salvador, pese a formar parte de un acuerdo judicial que debía protegerlo de la expulsión.
Mientras tanto, la Casa Blanca sigue resistiendo los fallos judiciales, arrastrando litigios y apostando a agotar a sus adversarios legales, en una estrategia de desgaste que Trump ha perfeccionado desde su etapa como empresario.
El retroceso en la popularidad de Trump en materia migratoria no es un hecho aislado: encuestas recientes reflejan un desgaste generalizado en otras áreas de su gobierno, a medida que se aproxima el simbólico umbral de los 100 días de su segundo mandato.
La combinación de deportaciones arbitrarias, desobediencia judicial y violaciones de derechos fundamentales está teniendo un efecto corrosivo. Y esta vez, ni los viejos eslóganes ni la retórica incendiaria parecen bastar para revertir la tendencia.