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La amenaza golpista en Brasil no acabó con la detención de un millar de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, ni con el desmantelamiento de los campamentos frente a los cuarteles del Ejército, ni con el arresto del secretario de Seguridad de Brasilia, por no impedir el domingo el asalto violento de la sede de los tres poderes democráticos. Este miércoles, el gobierno de Lula da Silva puso en alerta máxima a las fuerzas de seguridad en todo el país ante el anuncio de movilizaciones masivas de ultraderechistas.
Los grupos más radicales han convocado para esta misma tarde manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país, tres días después de que una de estas marchas acabara en el asalto del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia.
Las medidas de seguridad, entre ellas el cierre de la Plaza de los Tres Poderes, responden a una petición de la Abogacía General de la Unión y de la Fiscalía para prevenir posibles acciones golpistas y, según ha explicado el ministro de la Presidencia, Rui Costa, el Gobierno ha decidido aumentar el despliegue de uniformados.
“Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, adoptamos una posición de precaución en torno a la seguridad de la Explanada de los Ministerios y en ciudades de todo el país”, indicó Costa en declaraciones a los medios.
Para echar más leña al fuego en el ambiente de extrema polarización que vive el país, el expresidente Bolsonaro (quien se prepara para regresar a Brasil desde Florida) difundió la noche del martes un post en sus redes sociales con un video que dice que el presidente Lula da Silva “no fue elegido por el pueblo”, sino por los jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral.
La publicación, apenas dos días después de la intentona golpista de sus seguidores, corrió como la pólvora en Internet, pero el propio Bolsonaro la eliminó rápidamente, en su estrategia por “tirar la piedra y esconder la mano” para evitar posibles cargos en su contra.
Fue esta su primera manifestación explícita de apoyo a las tesis de fraude electoral después de los graves sucesos del domingo.
El video en cuestión mostraba un fragmento de una entrevista del fiscal Felipe Gimenez, del estado de Mato Grosso do Sul, abiertamente bolsonarista. En sus declaraciones, decía que la victoria de Lula fue un fraude y que el voto en las urnas electrónicas no era de fiar, una cantinela repetida hasta la saciedad por Bolsonaro y sus seguidores y desmentida igualmente cientos de veces.
El video iba acompañado de la siguiente leyenda: “Lula no fue elegido por el pueblo, fue escogido por el STF y el TSE”, en referencia a los dos tribunales que el expresidente escogió hace tiempo como sus principales enemigos.
“Lula no fue escogido por el pueblo brasileño. Lula fue escogido por el servicio electoral, por los jueces del STF y por los jueces del TSE, porque si fuese una elección del pueblo el pueblo tendría poder sobre esa elección, poder sobre el proceso de conteo de los votos”, decía el procurador.
La teoría de la conspiración de las elecciones manipuladas es uno de los pilares centrales sobre el que se sostiene en la actualidad el movimiento bolsonarista, y el combustible que movió los campamentos que hasta hace pocas horas pedían un golpe a los militares en decenas de ciudades de todo el país.
Aunque el video duró muy poco en el aire fue lo suficiente para alimentar a sus seguidores más radicales, que de forma mayoritaria justifican los largos silencios de Bolsonaro, sus ambigüedades y sus estudiados pasos atrás como una forma para evitar la “persecución” del sistema.
En paralelo a esta nueva amenaza, bolsonaristas radicales están aprovechando la difusión de fotos de los arrestados por el asalto del domingo a los tres poderes de Brasil, para denunciar que están siendo tratados como si estuvieran en un “campo de concentración nazi”, cuando las imágenes revelan a decenas de ellos detenidos en un gimnasio de Brasilia, en vez de en el patio de una cárcel.
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