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California, el estado más poblado de Estados Unidos, es también el más progresista, como quedó de nuevo en evidencia este fin de semana cuando el gobernador demócrata, Gary Newsom, anunció que destinará una partida de 125 millones de dólares para ofrecer cobertura sanitaria, transporte y alojamiento a mujeres procedentes de otros estados que acudan a clínicas californianas para abortar, tras el fallo histórico de la Corte Suprema del viernes que tumbó la ley nacional del aborto y dejó que cada estado decida sus propias leyes.
El mensaje va dirigido principalmente a las millones de mujeres que perderán su derecho al aborto en los estados donde gobierna la ultraderecha republica, desde Texas a Florida, incluyendo todos los estados del llamado Bible Belt (el cinturón de la Biblia).
“California ha experimentado en los últimos años un superávit económico que le podría permitir sufragar estos nuevos abortos”, afirmó Mary Ziegler, historiadora jurídica de la UCLA, que calcula que entre 8 mil y 16 mil mujeres viajarán a este estado cada año para poder abortar a partir de ahora.
Este flujo de mujeres hacia California supone un "elemento disruptivo", según especialistas como la propia Elizabeth Nash, pero los centros reproductivos de este estado llevan trabajado en el último mes para adaptarse y que sus clínicas no se vean saturadas ni se retrasen las intervenciones.
En esa labor sigue Planned Parenthood, la organización con mayor número de clínicas de salud reproductiva en EU, decenas de las cuales tendrán que cerrar de inmediato sus puertas en los estados que criminalicen a partir de ahora el derecho al aborto.
Su gerente de asuntos comunitarios, Claudia Powell, aseguró que ya casi han reestructurado la totalidad de los 100 centros que tienen ubicados en California.
Hasta 36 millones de mujeres en edad reproductiva miran con inquietud el mapa de Estados Unidos para saber dónde tendrán garantizado el derecho al aborto después de que el Tribunal Supremo revocara este viernes la sentencia que lo protegía constitucionalmente desde 1973.
En EU, 16 estados, además del Distrito de Columbia, contaban previamente con un marco legislativo propio para salvaguardar el derecho al aborto sin interferencia federal, ya sea durante gran parte del embarazo o bajo el criterio de "buena fe médica".
Son estados "santuario" del aborto como Vermont y Massachussets, donde incluso teniendo gobernadores republicanos se va a blindar este derecho, o Michigan, que ya anunció que llevaría a los tribunales una ley de 1931 (anterior al precedente de Roe contra Wade) para evitar que se prohíban las interrupciones del embarazo.
Aunque en estos estados no se prevé que el derecho al aborto se vea resentido tras el revés legal del Tribunal Supremo, las facilidades para acceder a las clínicas y costear los gastos derivados del proceso no siempre son tan asequibles como en California, estandarte en materia reproductiva.
En el estado más poblado del país, con casi 40 millones de habitantes, se practicaron en 2020 más de 154 mil abortos legales sobre el total nacional de 930 mil 060, según el Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación en asuntos reproductivos en EU.
“La gente aquí cree que se les debe garantizar este derecho como parte de su sistema sanitario", explicó Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del citado instituto.
La interrupción del embarazo viene contemplada en los distintos planes de seguros médicos, se puede abonar en régimen de copago en el que la gestante abona entre mil y dos mil quinientos dólares y puede llegar a ser gratuita para los casos de mujeres con bajos ingresos.
En este contexto, los expertos auguran que los viajes de mujeres con intención de abortar crecerán exponencialmente tras la presumible limitación del derecho al aborto en hasta 26 estados después de la decisión del Alto Tribunal.
En este "oasis de libertad reproductiva" que es California aún queda la asignatura pendiente de ampliar su cobertura sanitaria a todas las mujeres latinas y migrantes indocumentadas.
De hecho, el Partido Demócrata ha propuesto una enmienda a la Constitución de California para que bajo ningún concepto el estado pueda prohibir el aborto o negar la prescripción de anticonceptivos a cualquier mujer que se encuentre en suelo californiano.
Y es que latinas y migrantes indocumentadas deben sortear obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva porque no cuentan con seguro médico o por la barrera idiomática, según explicó Laura Jiménez, directora ejecutiva de la organización California Latinas for Reproductive Justice.
Aseguró por ejemplo, que muchas mujeres que viven en áreas rurales sufren discriminación familiar si deciden abortar y además tienen dificultad para hacerlo, porque solo el 40% de los condados de California tienen centros para practicar abortos, y la mayoría se concentran en las áreas urbanas de Los Ángeles, San Francisco, Sacramento u Oakland.
Asociaciones a favor del aborto y otras organizaciones civiles como Access Reproductive Justice se afanan ahora en "ofrecer apoyo financiero y legal en formato bilingüe" a estas mujeres para que también sientan que California es ese santuario de los derechos reproductivos en el que otros estados se miran.
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