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En una histórica ceremonia, el presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó un decreto que marca el inicio de una política sin precedentes en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Boric destacó que la democracia y la memoria están intrínsecamente conectadas.
Acompañado por políticos, activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas, el presidente expresó su determinación al subrayar que el Estado asume una gran responsabilidad.
"Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada", subrayó.
La política implementada se presenta como una iniciativa "nacional permanente y sistemática" para revelar el paradero de las personas desaparecidas. El plan se centra en metas claras, como la ubicación, recuperación, identificación y restitución de los restos mortales de las víctimas.
La mayoría de estas personas eran opositores políticos al régimen de Pinochet y militantes de izquierda. Un desafío clave es reconstruir las trayectorias de estas personas, desde su detención hasta su destino final.
Se estima que alrededor de 1,469 individuos fueron víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura, y hasta ahora, solo se han recuperado los restos de 307 de ellos.
Además, el proceso implica una rendición de cuentas a la sociedad chilena, manteniéndola informada sobre el progreso de las investigaciones. También se implementarán medidas de reparación y garantías para evitar la repetición de estos crímenes atroces.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, resaltó la importancia histórica de este momento.
"Nunca se dio una explicación o se tuvo un acto de deferencia desde el Estado chileno con las esposas, hijos e hijas, madres y padres, nietos y nietas de los desaparecidos, mientras sus familiares buscábamos desesperadamente", dijo en su discurso.
Rivera elogió la voluntad política del presidente Boric y enfatizó que las agrupaciones de familiares estarán vigilantes para asegurar la ejecución efectiva de esta política.
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