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Este viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió seis medidas cautelares a Israel en respuesta a una solicitud urgente presentada por Sudáfrica. Aunque inicialmente se plantearon nueve medidas, la CIJ redujo la lista a seis, todas diseñadas para prevenir un inminente genocidio contra la población civil palestina en Gaza.
Sorprendentemente, entre estas medidas no se incluyó la solicitud de un alto el fuego, una omisión que generó controversia.
La CIJ fundamentó su decisión en la consideración de un "riesgo plausible" de genocidio contra los palestinos en Gaza, especialmente tras la ofensiva militar iniciada por Israel en respuesta al ataque de Hamás el 7 de octubre pasado.
La CIJ exigió a Israel, como primera medida cautelar, “tomar todas las medidas en su poder para prevenir la comisión de todos los actos” recogidos en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), que, entre otras cosas, prohíbe “matar miembros del grupo” o “infligirles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial”.
En este sentido, como segunda medida, Israel deberá “asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan” ninguno de esos actos prohibidos por la Convención, y, al mismo tiempo, tomará “todas las medidas en su poder para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio” de los civiles en Gaza.
“El Estado israelí adoptará medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la franja de Gaza”, indicó la CIJ como cuarta medida cautelar.
Asimismo, añadió en la dos siguientes exigencias, el gobierno israelí debe prevenir la destrucción, asegurar la preservación de todas las pruebas relacionadas con este caso, que rodea la violación de la Convención sobre el Genocidio, y entregar un informe en un plazo de un mes donde explique “todas las medidas tomadas” para cumplir con estas órdenes.
La ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Naledi Pandor, fue la primera en reaccionar, señalando que "sin un alto el fuego, ninguna de las medidas exigidas podría llevarse a cabo". Pandor subrayó la necesidad imperante de un cese de hostilidades para facilitar la implementación efectiva de las órdenes del tribunal. Aunque expresó su deseo de una orden directa de alto el fuego, calificó la emisión de estas medidas como una "victoria decisiva".
Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó enérgicamente las acusaciones de genocidio, calificándolas de "falsas e indignantes", y celebró que la CIJ no ordenara un alto el fuego.
La CIJ confirmó tener "jurisdicción prima facie" sobre las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica. Sin embargo, esta afirmación no implica una decisión sobre la jurisdicción oficial del procedimiento en su totalidad, un aspecto que se espera se determine en una etapa posterior del proceso legal.
Es importante destacar que estas medidas cautelares se aplican durante el proceso contra Israel por presunta violación de la Convención, pero no constituyen una confirmación legal de genocidio ni una sentencia sobre el caso en sí, lo que podría prolongarse durante varios años.
Mientras se desarrollaba la sesión de la CIJ, aproximadamente 300 personas en Gaza, portando banderas y carteles propalestinos, seguían atentamente los acontecimientos a través de una pantalla instalada frente al tribunal.
Desde el ataque de Hamás, la ofensiva militar israelí en Gaza ha dejado un devastador saldo: casi 26,000 palestinos muertos, más de 63,700 heridos y 1.9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2.3 millones de personas.
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