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El Defensor del Pueblo de España, figura encargada de velar por los derechos de los ciudadanos, considera que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" en el salto masivo de 470 inmigrantes a la valla fronteriza de la ciudad autónoma de Melilla (norte de África), el pasado 24 de junio, en el que murieron 23 personas.
Esas conclusiones avanzadas este viernes por la oficina que dirige el socialista Ángel Gabilondo contrastan con las del Ministerio español del Interior, que replicó poco después que las acciones contra ese suceso se hicieron "dentro de la más estricta legalidad".
La institución española avanzó este viernes algunas de las conclusiones de la investigación por los hechos en la frontera de Melilla con Marruecos, de la que se desprende que ese día se registró "una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos".
Según explica la Defensoría en un comunicado, en el visionado de las imágenes se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.
Por eso, recuerda a las instituciones españolas competentes que el Tribunal Constitucional español establece que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con "pleno control judicial" y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió.
Sin embargo, y a pesar de haber analizado toda la documentación remitida por los ministerios correspondientes , solicita más imágenes de aquella jornada en el perímetro fronterizo "que podrían ayudar a aclarar algunos extremos".
Tras la investigación, la Defensoría pide que se refuercen con medios materiales y humanos embajadas y consulados para que posibles solicitantes de asilo puedan acceder a ellos "sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada en el país".
También solicita, entre otras peticiones a las instituciones afectadas, que se garantice en frontera "el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, inhumanos o degradantes", lo que incluye la actuación no abusiva de las fuerzas policiales.
Plantea además una reforma urgente de la ley de extranjería española, que consigne los criterios que deben tenerse en cuenta cuando se produce un rechazo en la frontera.
Fuentes del Ministerio español del Interior insistieron a Efe en que, "desde el respeto a la Institución del Defensor del Pueblo", y mientras los hechos se están investigando, "todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad".
En la madrugada de este jueves el Tribunal de Apelación de la localidad marroquí de Nador condenó a entre 2 y 3 años de prisión a 15 emigrantes sudaneses detenidos en el contexto del salto masivo a la valla de Melilla del 24 de junio.
El pasado septiembre, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que la actuación policial fue "proporcionada" a un ataque "violento", "organizado" e "intolerable".
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