Búsqueda
El Congreso español aprobó este jueves la conocida como ley trans, que reconoce principalmente el derecho de cualquier persona de cambiar el sexo y nombre que figuran en el registro civil con la simple voluntad, es decir, sin necesidad de aportar un diagnóstico médico de disforia de género ni los dos años de hormonación previa que requiere la ley actualmente todavía vigente.
Aunque, técnicamente, la ley todavía debe ser ratificada por el Senado, se da por hecha su aprobación después de semanas y meses de arduas negociciones entre Podemos, partido impulsor del texto, a través de la secretaria de Igualdad, Irene Montero, y el socio mayoritario de gobierno, el Partido Socialista (PSOE), que alberga sectores feministas internos que rechazaban el texto.
De hecho, la ley comenzó su andadura legislativa hace casi dos años, pero varias veces quedó atorada en el Parlamento por las diferencias tanto entre Podemos y PSOE como dentro de las distintas facciones socialistas, unas divergencias que se trasladaron al pleno del Congreso con varias enmiendas. Se han visto reflejadas también en numerosas marchas a favor y en contra de la ley en las calles de España.
En el corazón de la ley se encuentra el reconocimiento de la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro. Solo en el caso de los menores de 16 años y mayores de 14 tendrán que asistir con sus padres o tutores para validar el trámite, y será necesaria la intervención de un juez para trámites de niños de 12 a 14 años.
La nueva norma permite arrepentirse del cambio en el sexo registral, por lo que se podrá pedir la reversión a los seis meses, pero si se quiere solicitar un tercer cambio, ya lo tendrá que aprobar un juzgado.
La ley prohíbe lo que considera “terapias de conversión”, concepto que incluye también los esfuerzos de cualquier persona, incluidos profesionales de la salud, para tratar de convencer a las personas con disforia de género de que desistan de su intención de transicionar.
Además, garantiza a lesbianas, bisexuales y a hombres trans que puedan gestar el acceso a técnicas de reproducción asistida y reconoce la filiación de hijos de lesbianas y bisexuales sin necesidad de que estén casadas.
La ley también contempla una Estrategia nacional para establecer medidas que ayuden en la inclusión laboral, educativa o de acceso a la vivienda para personas trans.
En el debate parlamentario, la secretaria de Igualdad (Podemos), que presentó y defendió el proyecto, afirmó ayer que celebra que el Congreso "cierre armarios" y "abra puertas y ventanas" con una ley que conseguirá asegurar "vidas libres" a las personas trans y LGTBI.
En total, la ley salió adelante con 188 votos a favor (los de PSOE y Podemos, además de Más País, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y otros partidos nacionalistas menores) por 150 en contra, los de Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias.
Desde que se presentó el primer borrador, que incluía medidas ya descartadas como la retirada de la custodia a padres y madres que se negaran a validar la identidad de sexo sentida de los y las niñas, la ley ha provocado una fuerte polémica entre sectores progresistas y feministas españoles.
Muestra de esta división es la decisión de la presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada socialista Carmen Calvo, reconocida feminista, de abstenerse este jueves en la votación de la ley, lo que la convirtió en la única integrante del PSOE en no votar a favor.
La otra cara de la moneda fue la exdiputada socialista trans Carla Antonelli, que abandonó el partido en octubre como protesta cuando un amplio grupo de legisladores socialistas rechazó tramitar la ley por la vía de urgencia, que hubiera evitado el debate parlamentario y la posibilidad de presentar enmiendas.
De hecho, este proyecto de ley cuenta con el rechazo de parte del movimiento feminista porque temen que la particiapción de personas transgénero en categorías femeninas se traduzca "en un borrado de las mujeres" y dañar su lucha por la igualdad.
Y es que la ley contempla que el cambio en el sexo registral tenga efecto en todos los ámbitos: Es decir, que con declararse mujer ante el registro civil, una persona nacida biológicamente varón podrá competir en deportes con y contra mujeres o podrá, incluso, llegado el caso, ingresar en una cárcel de mujeres.
Además de la preocupación por el “borrado” de las mujeres, colectivos feminsitas han expresado también su amplia preocupación algunas multas que contempla la ley, porque temen que se usen para acallar los discursos críticos con el texto y con la autodeterminación de género.
La ley contempla que las terapias de conversión se podrán sancionar con hasta 150 mil euros, los dichos, en la calle o en redes sociales, que se consideren “vejatorios” para las personas trans se castigarán con hasta 2 mil euros de multa.
Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .