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El gobierno español aprobó este martes el anteproyecto de una nueva ley del aborto que incluye medidas como la supresión de la necesidad de tener permiso de madres o padres para que las jóvenes de 16 a 18 años puedan abortar o la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
Además, la nueva norma propuesta por el ejecutivo reconoce también nuevos derechos reproductivos, otros sexuales y menstruales, como un permiso de baja laboral pagada a partir de la semana 39 de embarazo, aunque en los primeros borradores se contemplaba a partir de la 36.
Pero la medida más destacadas de la nueva ley, y que ha logrado impacto internacional, es la aprobación de una baja laboral -pagada por el Estado- por menstruaciones acompañadas de dolores incapacitantes desde el primer día.
Con ello, España se convertiría en el primer país de la Unión Europea en regular una incapacidad temporal vinculada a la salud menstrual, pagada íntegramente por el Estado.
La norma contempla además la gratuidad de la conocida como “píldora del día después” en los centros de salud, la financiación de los anticonceptivos de nueva generación y también la promoción de estos fármacos para los hombres.
Sin embargo, no recoge una demanda ampliamente exigida y que incluso figuraba en el programa electoral del PSOE en 2019: la rebaja al 4 por ciento del IVA para productos de higiene femenina, que actualmente se sitúa en el 10 por ciento.
LARGA NEGOCIACIÓN INTERNA
El nuevo anteproyecto se aprobó este martes después de una larga negociación en el seno del gobierno de coalición, por diferencias entre el ala socialista (mayoritaria) y la secretaría de Igualdad, que lo presenta, cuya responsable, Irene Montero, es de Unidas Podemos, a la izquierda del PSOE.
La nueva ley, según Igualdad, amplía la aprobada en 2010 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoce el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, sin necesidad de argumentar ningún supuesto para solicitarlo.
GARANTÍA EN HOSPITALES PÚBLICOS
Ahora, se acaba con los "obstáculos" a los que se enfrentaban las mujeres que querían interrumpir su embarazo.
Así, los hospitales tendrán que contar con personal para practicar abortos, de forma que la sanidad pública será "la red de referencia", y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo en el hospital más cercano a su domicilio.
En la actualidad, la mayoría de los abortos se practican en clínicas privadas que tienen acuerdos con la Seguridad Social.
A este respecto, la nueva ley prohibirá a quienes se declaren como objetores de conciencia en la sanidad pública practicar luego abortos en la sanidad privada, para desincentivar a médicos que busquen lucrarse con la práctica particular.
EDUCACIÓN SEXUAL OBLIGATORIA
La nueva norma también hace referencia a la educación sexual, que estará presente de forma obligatoria en todas las etapas, desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones estén basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, pero también en prevenir enfermedades de transmisión sexual.
De hecho, en las escuelas de educación secundaria se distribuirán métodos anticonceptivos de barrera y productos de higiene menstrual.
GESTACIÓN SUBROGADA, VIOLENCIA
Por otra parte, la neuva ley considera la gestación subrogada como una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirá a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España y prohíbe su publicidad.
En la práctica esta es una disposición muy similar a la ley actual, y, de hecho, seguirá sin castigar a quienes acudan de todos modos a estas empresas.
El nuevo proyecto de ley se aprueba cuando aún el Tribunal Constitucional no ha resuelto el recurso que presentó hace diez años el conservador Partido Popular (PP) contra la actual norma.
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