EU confisca el avión oficial de Maduro por las sanciones contra Venezuela
El avión —considerado el Air Force One bolivariano— estaba en República Dominicana y fue trasladado a Florida
crisis diplomática
Foto de archivo del avión presidencial de Maduro
Estados Unidos confiscó el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que llevaba meses estacionado en un aeropuerto de República Dominicana, con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela, informó este lunes el Departamento de Justicia.
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y de personas afiliadas a su régimen en Venezuela, que era operada en su nombre.
#ÚltimaHora | #EU ha incautado el avión oficial del presidente de #Venezuela, @NicolasMaduro, después de determinar que su adquisición infringe las normativas estadounidenses. pic.twitter.com/qKkmWAfRTh
— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 2, 2024
Comprada ilegalmente
La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida por haber sido "comprada ilegalmente" por 13 millones de dólares "a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches", denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.
Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado "casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países".
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En agosto de 2019, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del gobierno de Venezuela.
Con esta incautación se pretende enviar "un mensaje claro", que las aeronaves adquiridas "ilegalmente" de los Estados Unidos para "el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer", apuntó el subsecretario de control de exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew Axelrod.
Durante años el Gobierno estadounidense ha confiscado docenas de vehículos de lujo, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia y simbolismo.
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“Muchos no tienen para un pedazo de pan y Maduro, en avión”
Uno de los funcionarios comentó a CNN que "incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses".
"Vemos a estos funcionarios y al régimen de Maduro básicamente saqueando al pueblo venezolano para su propio beneficio", dijo el funcionario estadounidense. "Tienes personas que ni siquiera pueden comprar un pedazo de pan y luego tienes al presidente de Venezuela viajando en un avión privado de alta gama", agregó.
Las malas condiciones económicas, la escasez de alimentos, el acceso limitado a la atención médica y la represión a los manifestantes han empujado a más de 7.7 millones de personas a huir de Venezuela, marcando el mayor desplazamiento en el hemisferio occidental de la historia.
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Relaciones cada vez más malas
El pasado mes de abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar a Maduro de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
Desde las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, Estados Unidos ha sido muy crítico con el Gobierno de Maduro.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una "violación inaceptable" de las leyes del país.
Su declaración, difundida tras haberse cumplido un mes de los comicios del 28 de julio en Venezuela, criticó igualmente el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), "controlado por Maduro, de silenciar las voces de los votantes ratificando el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro".
Como respuesta, el gobierno de Venezuela aseguró que "no debe explicaciones" a Estados Unidos sobre la reelección de Maduro.
A juicio del país caribeño, el Departamento de Estado de EU "insiste en su despreciable posición de meterse en asuntos que no son de su incumbencia", apuntó el canciller venezolano, Yván Gil.
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