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El Ministerio Público de Guatemala (Fiscalía) atizó la llama de la crisis política en el país tras declarar inválidas las elecciones presidenciales ganadas por Bernardo Arévalo de León, alegando supuestas irregularidades administrativas en el Tribunal Supremo Electoral.
El pronunciamiento del Ministerio Público invalidando las elecciones presidenciales se basa en presuntas irregularidades administrativas en las actas electorales, las cuales no habrían sido autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral.
A pesar de la declaración de la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral ratificó la victoria presidencial de Arévalo de León. La presidenta del tribunal, Blanca Alfaro, afirmó que los resultados están firmados y certificados, aunque mencionó la posibilidad de que una sentencia diferente de la Corte de la Constitucionalidad pueda anular su decisión.
La Fiscalía de Guatemala abrió un nuevo caso contra el presidente electo solicitando el retiro de su inmunidad. Se le acusa de delitos relacionados con la Constitución y financiación irregular de su partido político, Movimiento Semilla.
Entre las acusaciones, se menciona la presunta inscripción del Movimiento Semilla en 2018 con firmas de afiliación falsas, lo que lleva a la Fiscalía a acusar a Arévalo de León de falsificación de documentos, omisión de denuncia, desobediencia y obstrucción a la justicia. Además, se menciona un supuesto lavado de dinero por $44,000.
Desde el pasado 12 de julio, el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha intentado revertir los resultados electorales de los comicios celebrados el 25 de junio en primera vuelta y el balotaje del 20 de agosto.
Desde Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó firmemente el intento del Ministerio Público de anular las elecciones, catalogándolo como un "intento de golpe de Estado".
En un comunicado, la oficina del secretario general de la organización, Luis Almagro, solicitó al presidente del país, Alejandro Giammattei; a la Corte Constitucional; a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúen contra los "perpetradores de este atentado" para "defender las instituciones y el orden constitucional".
Según la Secretaría General, "el intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo".
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