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La Fiscalía General de Ecuador solicitó este viernes que se dicte la prisión preventiva contra el exvicepresidente correísta Jorge Glas, en un caso que investiga presunto peculado durante la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.
Glas, quien fue vicepresidente en parte de los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), ingresó el pasado 17 de diciembre en la Embajada de México, en Quito -aunque no pesaba sobre él ninguna orden de prisión, según la Fiscalía- y tres días después solicitó asilo diplomático.
Glas, que estuvo cinco años y cuatro meses en la cárcel, había sido sentenciado a ocho años en un caso por cohecho, y a seis años por asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Glas ha dicho que buscará revertir ese caso después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anulara las pruebas usadas por Odebrecht, que han afectado a políticos de ese país (incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva) y a otros de la región.
"Hemos denunciado durante estos seis últimos años una cruenta persecución jurídica y política en contra de mi cliente", dijo Sonia Vera al apuntar que esta cacería se exacerbó tras la petición del movimiento correísta Revolución Ciudadana de juicio político para la fiscal Diana Salazar, por presunto "incumplimiento de funciones".
Sobre el eventual otorgamiento del asilo solicitado alegando persecución política, la Cancillería ecuatoriana advirtió en diciembre pasado que no sería lícito y advirtió que actuará con "absoluta firmeza" en caso de que se concrete.
El Ministerio de Exteriores entregó al gobierno de México la documentación pertinente proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre la situación judicial de Glas.
“México deberá analizarla detenidamente, ante el pedido de asilo diplomático, con base en lo que establece la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que son parte ambos países”, indicó.
Y agregó que “para el Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo político por parte de México, en virtud de lo que dispone el Artículo III de dicha Convención”.
Añade que las Convenciones de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción de 2003 e Interamericana contra la Corrupción de 1996, de las que Ecuador y México también son parte, “tienen por finalidad promover, facilitar y apoyar la cooperación de los Estados para prevenir, combatir y sancionar la corrupción”.
Al respecto, la abogada del exvicepresidente declaró que “el Estado mexicano deberá definir si Jorge Glas es un perseguido político, no el Estado ecuatoriano”.
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