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La justicia francesa emitió este miércoles órdenes de arresto contra el presidente sirio Bachar al Asad, su hermano Maher y dos generales por presunto uso de armas químicas en agosto de 2013 en la ciudad de Duma, donde más de mil personas perdieron la vida.
Este movimiento es consecuencia directa de la investigación abierta por una unidad especializada en crímenes contra la humanidad y de guerra del Tribunal de París, la cual se inició tras una denuncia presentada en 2021 por varias organizaciones que acusaron el uso de armamento prohibido.
Las reacciones a estas órdenes de arresto han sido significativas. Mazen Darwish, abogado y fundador del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión (SCM), las celebró como un "precedente judicial histórico". Darwish enfatizó que esta acción representa una victoria para las víctimas, sus familias y los supervivientes, destacando su importancia en el camino hacia la justicia y la paz sostenible en Siria.
También hizo un llamado a las autoridades francesas para que consideren los derechos y el sufrimiento de las víctimas en concordancia con la decisión de la justicia.
Además del SCM, otras organizaciones como Syrian Archive, Open Society Justice Initiative y Civil Rights Defenders respaldan la denuncia en París. Para sustentar sus acusaciones, estas entidades han presentado testimonios directos de las víctimas, análisis de la jerarquía militar siria, datos sobre el plan de armas químicas del Gobierno y pruebas fotográficas y en vídeo.
Denuncias similares se presentaron en Suiza, Suecia y Alemania, basadas en el principio de competencia judicial extraterritorial para casos de crímenes de lesa humanidad.
La emisión de estas órdenes de arresto no solo representa un hito en la búsqueda de justicia para las atrocidades cometidas en Siria, sino que también plantea una cuestión importante sobre la rendición de cuentas de líderes políticos ante crímenes de guerra.
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