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La fiscal general de Florida, Ashley Moody, mandó una carta al Congreso de EU en la que exige que se "reduzca a cero" el salario del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Moody argumenta que Mayorkas no está cumpliendo con su deber en materia de inmigración y ha ignorado las demandas claras de las leyes de inmigración del país.
Según Ashley Moody, tanto el presidente Joe Biden como el secretario Alejandro Mayorkas han ignorado "voluntaria e intencionalmente" las demandas claras de la ley de inmigración de EU.
La fiscal general acusó al gobierno actual de desmantelar "sistemáticamente" la seguridad en la frontera con México al solicitar menos recursos para protegerla y al promover nuevos programas fuera de la ley federal que permiten y fomentan más inmigración ilegal.
La carta de Moody menciona que el secretario Mayorkas ha liberado a millones de inmigrantes, incluyendo delincuentes extranjeros y aquellos que cruzan la frontera ilegalmente, en lugar de detenerlos como exige la ley. Moody también critica que Mayorkas culpó al Congreso por estas liberaciones, argumentando que no se le asignaron fondos suficientes para cubrir los centros de detención necesarios.
Además de pedir que se reduzca el salario de Mayorkas, Ashley Moody solicitó al Congreso que proporcione fondos adicionales para la seguridad fronteriza y que apoye los programas de cooperación estatal. También pidió que se otorgue a los estados una "causa de acción" para demandar al secretario Mayorkas y que se haga cumplir la ley federal de inmigración.
La fiscal general de Florida hace un llamado al Congreso para que defienda las leyes debidamente promulgadas del país, incluso si no están de acuerdo con ellas. Moody enfatiza que el Poder Ejecutivo no debe ignorar las leyes de inmigración vigentes, y que el Congreso tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido crítico de la política migratoria de la Administración Biden y ha llevado la lucha contra la inmigración ilegal como un tema central en su plataforma política. Recientemente, Florida promulgó una nueva ley de migración, considerada la más dura del país contra los inmigrantes indocumentados, y ha enfrentado demandas por parte de organizaciones civiles.
Además, el estado de Florida tiene un programa de "relocalización" de inmigrantes que le permite utilizar fondos públicos para trasladar a extranjeros sin permisos desde la frontera de Texas a otros estados más tolerantes, como California y Pensilvania. Este programa también ha sido cuestionado legalmente.
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