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El Gobierno de Venezuela anunció este jueves la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Caracas. Esta medida, considerada como respuesta a lo que el Gobierno venezolano ve como una instrumentalización de la labor de la oficina en su contra, también incluye la orden de expulsión de 13 funcionarios de la oficina.
Según el comunicado leído ante periodistas por el canciller Yván Gil, se solicita que el personal abandone el país en las siguientes 72 horas. La decisión surge después de lo que el regimen de Nicolás Maduro considera un papel impropio de la institución, actuando parcialmente a favor de grupos golpistas y terroristas.
El ministro Gil explicó que la medida se debe al papel "impropio" que ha desarrollado la oficina en cuestión, acusándola de actuar con parcialidad y como un "bufete particular" de grupos golpistas y terroristas que conspiran contra el país.
Desde la firma de la carta de entendimiento en 2019, se sostiene que la oficina ha mantenido una postura sesgada y parcializada, buscando impunidad para aquellos involucrados en intentos de magnicidio, golpes de Estado y otros atentados contra la soberanía y la constitución venezolana.
El Gobierno solicita una rectificación pública de la actitud "colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas" por parte de la oficina.
A pesar de la suspensión de actividades y la expulsión de funcionarios, el Gobierno venezolano reitera su voluntad de cooperar con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Sin embargo, reiteró su "voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos".
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, denunciara la obstrucción por parte del Gobierno venezolano durante su visita al país, lo que añade tensión a las relaciones entre Venezuela y la ONU en materia de derechos humanos.
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