La justicia británica frena la extradición a EU de Assange y admite nuevo recurso

Julian Assange no va a ser extraditado a Estados Unidos… de momento y gana tiempo para que su equipo de defensa recurra su entrega a la justicia estadounidense. Los magistrados británicos Victoria Sharp y Adam Johnson rechazaron este lunes por insuficientes las garantías aportadas por el Gobierno de Estados Unidos de que el cofundador de Wikileaks recibiría un juicio justo si finalmente era extraditado.

“Quiero ser muy clara: hoy se ha producido un giro definitivo”, celebró la esposa de Assange, quien deberá permanecer bajo prisión provisional en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, donde lleva encerrado desde abril de 2019.

Stella Assange se dirigió a las centenares de personas concentradas desde primera hora de este lunes ante el edificio gótico que alberga los tribunales de Inglaterra y Gales. “El Gobierno de Estados Unidos ha intentado aplicar pintalabios a un cerdo (una expresión británica similar a la española de vestir la mona de seda), pero no ha convencido a los jueces. Su caso resulta ofensivo a los principios democráticos. Como familia, respiramos aliviados, pero todavía nos preguntamos cuánto va a durar todo esto”, decía.

Próxima cita, el 24 de mayo

Los jueces han fijado una vista el 24 de mayo para atender cualquier duda de las partes e incluso contemplar la situación actual de prisión provisional a la que está sometido Assange. Su esposa ha advertido ya en varias ocasiones del deteriorado estado de salud del preso australiano, de 52 años.

El equipo jurídico de Assange ha luchado durante los últimos meses para que este tuviera una última oportunidad de recurrir ante la justicia británica su entrega a Estados Unidos. La decisión de dar luz verde a la extradición fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida.

Los jueces no se fían de EU

Sin embargo, los magistrados Sharp y Johnson decidieron dar validez a tres de los argumentos esgrimidos por los abogados del editor para evitar su entrega a las autoridades estadounidenses.

El pasado 26 de marzo, el tribunal reclamó a Washington garantías adicionales de que, cuando llegara el momento de ser juzgado en ese país, Assange podría utilizar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa; no vería reducidos sus derechos por no ser ciudadano de EU, ni se impondría finalmente la pena de muerte al acusado.

El tribunal inglés ha considerado suficiente la garantía ofrecida por Estados Unidos de que la pena capital está descartada, ya que el Departamento de Justicia de EU no la reclamó, por lo que los jueces no podrían imponerla de modo unilateral.

Sin embargo, los dos jueces británicos tienen dudas de las otras dos condiciones que pidieron a EU para autorizar definitivamente la extradición: si Assange corre el riesgo de ser discriminado por su nacionalidad, y si esa nacionalidad (australiano) puede acabar siendo el obstáculo que le impida basar su defensa en la Primera Enmienda.

El Gobierno de EU acusa a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje, por los que se enfrenta a 175 años de prisión por la filtración de más de 250,000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010, en muchos de los cuales quedaban al descubierto crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Irak.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ya conmutó la sentencia de la soldado Chelsea Manning, la principal fuente de los documentos secretos de la seguridad estadounidense que filtró Wikileaks, donde se exponían graves episodios de guerra sucia en Irak o Afganistán. Pero cuando Donald Trump llegó al poder pidió la extradición de Assange. Por su parte, el actual presidente, Joe Biden, ha dado indicios de hartazgo del caso y de un posible indulto, en caso de que fuera extraditado y juzgado.

El actual Gobierno australiano y su Parlamento han solicitado la liberación de Assange, ciudadano de ese país. La Cámara legislativa aprobó en febrero una resolución con la misma solicitud, con el voto en contra de la oposición conservadora. El primer ministro, el laborista Anthony Albanese, respaldó con su voto la petición, y ha trasladado a Washington el deseo de su Gobierno de que se abandone la petición de extradición y se permita regresar a su país del cofundador de Wikileaks.