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El Parlamento de la república caucásica de Georgia, en el mar Negro, aprobó este martes la polémica ley sobre la transparencia de la actividad de agentes extranjeros, copiada de la que en su día aprobó el presidente ruso, Vladimir Putin, para reprimir a la oposición y a cualquier organización extranjera que vigile los abusos del gobierno contra la población.
La ley fue aprobada en tercera lectura con 83 votos a favor y 30 votos en contra, ya que el partido gobernante Sueño Georgiano cuenta con la mayoría en el Legislativo de esa exrepública soviética, con fuerte tensión interna desde que los rebeldes de la minoría prorrusa de Abjasia y Osetia del Sur (previamente armados por el Kremlin) declararon la independencia hace más de dos décadas.
“¡Esclavos rusos!”
De cara a la votación miles de georgianos proeuropeos se congregaron este martes frente al Parlamento, donde las discusiones no estuvieron exentas de trifulcas entre diputados oficialistas y legisladores opositores que demandaban retirar el proyecto de ley, como se pudo apreciar en la transmisión en directo de la sesión plenaria del Parlamento.
"¡Esclavos rusos!", reaccionaron los manifestantes a la salida de los diputados oficialistas que abandonaban la sede parlamentaria.
No obstante, Sueño Georgiano logró imponer su voluntad y respondió a quienes le acusan de apartarse de la ruta europeísta que continuaba "comprometido con la senda europea y la protección de la soberanía georgiana".
"Apoyaremos todas las regulaciones que permitan a Georgia ser aún más fuerte y garantizar nuestra seguridad y desarrollo democrático", afirmó el vicepresidente del Parlamento, el diputado oficialista Archil Talakvadze.
El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, dio explicaciones sobre la ley al subsecretario de Estado de EU para asuntos Europeos y Euroasiáticos, James O'Brien, con el que se reunió el martes en Tiflis.
La recién aprobada ley "Sobre la transparencia de la influencia extranjera" prevé la publicación anual de declaraciones de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación cuyo presupuesto se compone de más del 20% de contribuciones extranjeras.
Las autoridades explican la necesidad de aprobar la ley diciendo que más del 80 % de estos ingresos no son transparentes y pueden utilizarse para desestabilizar antes de las próximas elecciones parlamentarias del 26 de octubre.
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