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El Gobierno de Perú decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte y en la que han fallecido, al menos, siete manifestantes.
De este modo, el Ejecutivo busca mantener el "orden interno" en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes con el trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, según se puede leer en la norma publicada en el diario oficial El Peruano.
Durante 60 días quedará suspendido en la provincia de Apurimac los derechos constitucionales relativos a "la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la constitución peruana.
Las Fuerzas Armadas ya han colaborado con la PNP en los cortes de carretera de Ica y la Libertad y la toma de control de los aeropuertos de Arequipa y Andahuaylas, según informó este lunes el ministro de Defensa.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Adahuaylas y Chincheros registran ya siete muertos confirmados por las autoridades en las últimas 24 horas.
Los manifestantes exigen el cierre del Congreso, la convocatoria de elecciones anticipadas y la destitución de la flamante presidenta Dina Boluarte, que juró el cargo tras la detención del expresidente Pedro Castillo por su intento fallido de autogolpe de estado.
La noticia ya la adelantó esta tarde el ministro de defensa durante el pleno en el Congreso, quien anunció que se decretaría el estado de emergencia en Andahuaylas tras la muerte de dos jóvenes manifestantes.
En un plazo de cinco días tras la finalización del estado de emergencia, la PNP deberá presentar al titular del Ministerio del Interior un informe "detallado" con las acciones realizadas durante el régimen de excepción.
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