La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada cerca de la medianoche de este viernes por un equipo de fiscales y una veintena de agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

En imágenes mostradas por medios locales se observa cómo un grupo de agentes rompe la cerradura de la puerta principal de la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo tras no ser atendidos al tocar repetidas veces en la casa.

Los medios locales informaron que la gobernante no se encuentra en su domicilio y que en el lugar solo estaba uno de sus hijos, aunque luego llegó uno de los abogados de la mandataria, mientras que el Ministerio Público aún no ofreció ninguna información formal sobre la intervención.

En el centro de la discordia están las investigaciones que se le siguen en torno a una colección de 15 relojes de lujo —entre ellos, un Rolex valorado en 19 mil dólares— que no ha consignado en su declaración de bienes ni ha justificado debidamente.

El allanamiento con fines de registro de incautación fue aprobado por el juez del Tribunal Supremo Juan Carlos Checkley tras un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena, como parte de la investigación de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en documentos.

Según el fiscal general, la mandataria “había frustrado” las investigaciones al no acudir a las citaciones hechas para el martes y el miércoles de esta semana. Villena comentó que la actitud de Boluarte —que enfrenta este nuevo escándalo con la popularidad hundida tras la ola represora al inicio de su mandato para aplastar las protestas por el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo— es un "claro indicador de rebeldía" que no hace más que "retardar el resultado de la investigación".

Después de asegurar que “todo lo que tenía era fruto de su esfuerzo y trabajo”, Boluarte sostuvo que tenía plena predisposición de “decir la verdad” ante el ministerio público. Sin embargo, en la práctica, incumplió su promesa: el miércoles se negó a recibir a una comitiva de la Fiscalía para exhibir sus relojes de alta gama, alegando que tenía una “recargada agenda”.

Boluarte tenía programado para dicho martes y miércoles dos compromisos protocolares: la inspección de una obra en Cajamarca y una entrega de títulos en la región de La Libertad. No obstante, no asistió a ninguno de los dos eventos.

El Canal N de televisión mostró imágenes en las que se ve que un numeroso contingente policial se mantiene durante la madrugada de este sábado vigilando los alrededores de la casa de la mandataria, mientras que en el interior permanecían agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional junto con un equipo de fiscales.

“Primera vez en la historia del Perú que la vivienda de un presidente en funciones ha sido allanada”, comentó el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, dando cuenta de la gravedad del asunto.

Diversos analistas sostienen que las inasistencias de la presidenta son una forma de obstrucción a la justicia. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha sido enfático al respecto, calificándolo de un “claro indicador de rebeldía que no hace más que retardar el resultado de la investigación”.

Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, una versión que recorre Palacio es que los asesores de la mandataria “se han enfrascado en una infructuosa búsqueda de imitaciones de la marca Rolex para hacerle creer a la Fiscalía que usa relojes bamba (de fayuca) y no modelos originales”.

Si bien el Rolex que más ha llamado la atención es un modelo Datejust 36, de acero con oro rosado de 18 quilates e incrustaciones de diamantes, se cree que hay otros tres Rolex más en su colección. Once de los 15 relojes han ido apareciendo en la muñeca de Boluarte tras asumir la Presidencia de la República en reemplazo de Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, afirmó este sábado que el allanamiento del domicilio de la presidenta, Dina Boluarte, y del Palacio de Gobierno como parte de una investigación fiscal preliminar, muestra el resquebrajamiento del sistema democrático y la constitucionalidad.

"Lo que están haciendo es politizar y evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho que sin precedentes está atacando la institucionalidad democrática, la institucionalidad de la Presidencia y, sobre todo, evidenciando el resquebrajamiento del sistema democrático y de la constitucionalidad", afirmó.

Arana detalló que más de 20 policías y 20 fiscales se presentaron en el domicilio de Boluarte y en el Palacio de Gobierno durante el allanamiento y que este responde a una "medida desproporcionada, inconstitucional e ilegal".

El ministro dijo que se había dado un uso indebido de la Justicia por parte del Poder Judicial y la Fiscalía.

Agregó que Boluarte brindará declaraciones a la Fiscalía cuando se la convoque y señaló que la mandataria había pedido una reprogramación y, "extrañamente, no se la aceptaron", pero que sigue colaborando con la investigación.

Antes de ingresar al poder, Boluarte no había ostentado signos de riqueza semejantes. Henry Shimabukuro, uno de los financistas de su campaña electoral, ha señalado que ella tenía “una limitación económica bastante grande” y que incluso usaba relojes de plástico. Boluarte trabajó durante una década en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) antes de habitar Palacio, y su sueldo anual no superaba los 15 mil dólares. De ahí las sospechas de un presunto delito de enriquecimiento ilícito desde que se convirtió en la funcionaria pública más importante del país.

A ello se abona que entre agosto de 2016 y agosto de 2022 recibió en sus 11 cuentas bancarias —cuatro de ellas mancomunadas— un total de transferencias por 1.1 millones de soles (297,000 dólares), cuyo origen tampoco ha podido determinarse.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) sospecha que podría tratarse de un presunto delito de lavado de activos.

Falta por investigar aún otra información publicada por el diario La República, en la que denuncia que la jefa de Estado ha exhibido entre sus joyas una pulsera dorada Love Pave de la marca francesa Cartier, engastada con 204 diamantes de 2 quilates de peso cada uno, cuyo costo bordea los 55 mil dólares.

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