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Las protestas no cesan en Perú. La declaración del estado de emergencia en todo el país, emitida el miércoles por la presidenta interina, Dina Boluarte, no ha frenado el ánimo y la cólera de los y las manifestantes, y el jueves, en su primera jornada en vigor, se convirtió en el día más violento desde el inicio del rechazo social al nuevo ejecutivo tras la destitución y arresto de Pedro Castillo.
Solo en la región de Ayachucha murieron 8 personas el jueves, durante la represión del ejército y la policía del intento de los manifestantes de tomar el aeropuerto local. Las autoridades dispararon con fuego real contra los manifestantes, lo que también provocó medio centenar de heridos en total en esos enfrentamientos.
En total, según admitió este viernes en la tarde la secretaría de Salud peruana, las protestas suman ya al menos 20 personas fallecidas y otras 63 hospitalizadas, a las que se han de sumar otros cientos de heridos leves.
En un mensaje en Twitter, la secretaría detalló que, además de los ocho muertos en Ayacucho, hubo seis en Apurímac, tres en La Libertad, otro en Cusco, otro en Junín y otro en Arequipa.
Al respecto, la Dirección Regional de Salud (Diresa) señaló este viernes que "los 410 establecimientos de salud y hospitales de apoyo de la región se encuentran en alerta roja, con el fin de garantizar la presencia del personal, la disposición de insumos médicos y la atención oportuna de los pacientes".
Hasta el momento, no se han proporcionado las identificaciones de todas las víctimas, pero al menos dos de ellas eran menores de edad.
Entre tanto, la respuesta del ejecutivo de Boluarte al rechazo a la represión de las protestas fue este viernes dar su "apoyo incondicional" a la actuación del ejército y la policía contra las protestas y manifestaciones, una tarea que el nuevo secretario de Defensa, Alberto Otárola, definió como “sacrificada”.
Cuando periodistas le preguntaron a Otárola sobre la crisis social y política y la respuesta de los soldados y policías, el encargado de la Defensa del país lamentó que hay "más de 300 policías heridos, varios de ellos en estado de gravedad".
Otárola agregó que las fuerzas policiales y militares "han tomado control de espacios críticos nacionales" y adelantó que "seguro pronto van a volver a volar las compañías aéreas" en las zonas del país cuyos aeropuertos han sido cerrados por medidas de seguridad. "Esperamos que en el más breve plazo se restablezca la paz y el orden interno en el país", acotó.
Por su parte, el nuevo titular de la cartera de Interior, César Cervantes, insistió en que la policía está actuando "en el marco constitucional" y que ya se mantiene y controla "el orden interno", por lo que exhortó a la población peruana "a la calma, paz y tranquilidad".
Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú defendió en un comunicado su actuación durante el mencionado episodio del intento de toma del aeropuerto de Huamanga, capital de Ayacucho, porque fueron atacados por "una turba con objetos contundentes, explosivos y armas de fuego artesanales".
A su vez, el CCFFAA lamentó "el fallecimiento de estas personas" y expresó su condolencia a las familias.
Por su parte, la mandataria interina se mostró más dialogante ante la crisis de las protestas y la represión y aseguró: "Lamento los trágicos acontecimientos que han segado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar".
Para tratar de lograrlo, la presidenta convocó a los líderes de la iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado, para así abrir espacios para llamar a los representantes que encabezan las marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas.
También dijo que se trasladará "al interior del país para atender" las demandas, si bien no aclaró a qué punto viajará ni cuando lo hará.
La declaración de la presidenta llegó después de que los secretarios peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, renunciaran a sus cargos apenas seis días después de asumirlos por la "desproporcionada" respuesta de las autoridades a las manifestaciones.
“La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte", escribió Correa en Twitter, mientras Pérez defendió que "los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible" su permanencia en el gobierno.
Desde el exteerior, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su país está dispuesto a aceptar cualquier rol que posibilite un "gran diálogo político y social" en la crisis de Perú.
Petro aseguró que "hoy por hoy hay una crisis" en el país vecino, donde hay "un presidente elegido popularmente preso", lo que calificó como "exabrupto". En este sentido, el mandatario izquierdista colombiano evitó de nuevo reconocer la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte y dijo que aún no ha conversado con ella.
Petro, además de los presidentes de México, Andres Manuel López Obrador; Argentina, Alberto Fernández y Bolivia, Luis Arce, ha estado en el ojo de la polémica por esta negativa a reconocer a Boluarte. Este jueves, la cancillería peruana llamó a consultas a sus embajadores en esos países por lo que considera una injerencia de las autoridades mexicanas, colombianas, argentinas y bolivianas.
Boluarte asumió la presidencia el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y reorganizar el sistema de justicia.
Finalmente, este viernes el pleno del Congreso de Perú rechazó un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023.
El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.
Al término del debate en el pleno, Guerra pidió a los legisladores que sean "responsables con la historia, con la República" y les dijo que tenían "que dar muestras de responsabilidad con la democracia".
La ley planteaba recortar el mandato de Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones, según señaló Guerra.
Boluarte planteó este miércoles que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de una propuesta anterior, que hizo en un intento de aplacar de la grave crisis política y social que afecta a su país.
La presidenta remarcó que "legalmente los tiempos calzarían" para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron "reajustes" que indican que los comicios podrían ser en diciembre próximo.
Con información de EFE
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