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Eventos en el plano político ha sacudido a Nicaragua, luego de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la magistrada Yadira Centeno González de la Sala Civil, fueron desalojadas de sus cargos. Según informes, tras la destitución de la presidenta Ramos, la vicepresidenta Rosario Murillo habría asumido el control de la Corte.
El incidente tuvo lugar el pasado 24 de octubre y fue llevado a cabo por un grupo de policías bajo la dirección de Horacio Rocha, un comisionado general retirado y asesor presidencial con rango de ministro en asuntos de seguridad.
Además de la destitución de las altas autoridades de la Corte, se informó que varios directores de la institución, en particular del área de tecnología e informática, también fueron relevados de sus funciones. Estos cambios repentinos dejaron una impresión de incertidumbre en la cúpula del poder judicial nicaragüense.
La toma de control se habría realizado a través de órdenes ejecutadas por el comisionado Horacio Rocha, mientras se señala que la Corte está siendo intervenida políticamente por Néstor Moncada Lau, Asesor de Seguridad.
Se dice que la magistrada Alba Luz Ramos presentará su carta de renuncia como presidenta de la Corte ante la Asamblea Nacional en los próximos días. Mientras tanto, en los pasillos de la secretaría de la Corte, se barajan nombres para sustituirla, con la magistrada Juana Méndez como una de las candidatas potenciales.
Varios medios de comunicación especularon sobre las motivaciones detrás de esta inusual toma de control en la Corte Suprema. Algunos sugieren que podría ser resultado de una lucha interna de poder entre el presidente Daniel Ortega y su esposa. Murillo estaría buscando una mayor representación en instituciones de alto poder dentro del país, lo que ha generado tensiones políticas en el gobierno.
El Parlamento de Nicaragua aprobó esta semana en Managua una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Con la reforma constitucional, aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, "se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial", informó el Legislativo nicaragüense en una declaración.
Ese poder del Estado indicó, además, que el Legislativo aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los Registros Públicos pasan bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado.
Según los legisladores sandinistas, los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República "con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles".
La reforma constitucional le quita al Consejo Nacional de Carrera Judicial, subordinada a la Corte Suprema, la atribución de "supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
Ahora la supervisión administrativa de esos registros estará bajo el control de la Procuraduría General de la República, a través de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros.
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra "intervenida" por la Policía Nacional. Según el diario La Prensa, la Policía Nacional ha detenido a "decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales" y estaría bajo investigación.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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