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La polémica ley antiinmigrante SB4 de Texas, que debía haber entrado en vigor este lunes tras expirar la prórroga, quedó suspendida indefinidamente por un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras da tiempo a los otros ocho magistrados (y a él mismo) a deliberar sin la presión de otra fecha, sobre la denuncia interpuesta por la administración Biden, que alega que sólo el gobierno federal tiene autoridad en la frontera y no los estados.
El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por el gobierno demócrata y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, inicialmente debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
El fiscal de Texas, el ultraconservador Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley.
Tras imponer tres prórrogas (la última expiraba a las 5 de la tarde de este lunes), el juez conservador Samuel Alito, decidió que no iba a seguir autorizando prórrogas y decidió mantener bloqueada indefinidamente la entrada en vigor de la ley estatal más dura contra los inmigrantes de todo Estados Unidos. La SB4 (Senate Bill 4), aprobada por la mayoría republicana en el Congreso estatal de Texas el 14 de noviembre del año pasado y ratificada por el gobernador, el también republicano Greg Abbott, el 18 de diciembre.
Esta es la tercera vez que la Corte Suprema le pone freno a la controversial SB4. La primera vez fue el pasado 4 de marzo, cuando Alito anunció una suspensión temporal hasta el 13 de marzo. Luego, el 12 de marzo, el juez extendió la pausa hasta este 18 de marzo. La suspensión indefinida proporciona tiempo adicional a la Corte para revisar la información del caso; sin embargo, no indica necesariamente en qué dirección se inclina la corte con respecto a la solicitud de fondo.
Sospechosos criminales
La SB4 fue recibida con profunda preocupación por las organización proinmigrantes y también por los demócratas demócratas, ya que convierten en sospechosos de ser potenciales criminales a personas por su simple aspecto racial (el 42% de los habitantes de Texas son de origen hispano).
De haber entrado en vigor este lunes, los agentes estatales tendría autoridad para detener a cualquier persona que considere “sospechosa” (por ejemplo, tener aspecto racial latino), exigir sus papeles en regla y, en caso de no tenerlos encima, ser llevado a la cárcel hasta comprobar su estatus legal en el estado.
Hasta 20 años de cárcel
La ley estatal bloqueada condecía a los agentes de la Policía texana autoridad para deportar de forma aleatoria y automática a indocumentados, sin mediar ningún proceso legal, y en caso de que uno de los deportados volviera a cruzar ilegalmente la frontera, podría ser condenado a penas de hasta 20 años de cárcel.
Según el alegato que hizo el fiscal Paxton (un aliado cercano del candidato presidencial Donald Trump), “la Constitución reconoce que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad”.
Pero el Departamento de Justicia y de las asociaciones civiles argumentaron que la ley alteraría "profundamente" el "status quo que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años".
“Las personas pueden no estar de acuerdo con la inmigración. Nunca lo han estado. Y Texas puede estar profundamente preocupado por la inmigración reciente”, escribieron en documentos judiciales los abogados de un par de grupos de inmigración y del condado de El Paso. “Pero lo mismo ocurrió en California en la década de 1870, Pensilvania y Michigan en la década de 1930, y Arizona en 2012 (cuando las autoridades estatales aplicaron leyes que fueron tumbadas por extralimitarse de sus poderes). Durante 150 años esta Corte Suprema ha dejado claro que los estados no pueden regular el campo central de la inmigración, la entrada y la expulsión", añadieron.
Este caso es el ejemplo más reciente de cómo el Gobierno de Biden ha acudido a la Corte Suprema en su actual disputa con Texas en materia de inmigración. A principios de este año, el alto tribunal otorgó una victoria temporal al Gobierno al anular una orden de un tribunal inferior que prohibía a los agentes federales retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas desplegaron a lo largo de una parte de la frontera entre Estados Unidos y México.
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