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Durante 2023, se registraron 430 atenciones médicas a personas por consumo de fentanilo, en tanto que en el 2022, fueron 333, cifras que registran un incremento de 97 casos localizados en: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
Aunque se observó un aumento de, poco menos de 100 casos, se trata de una situación local, y no nacional, se argumentó en un informe de la Conasama.
En este sentido, se destacó que, la principal preocupación gira en torno a la alta letalidad de este opiáceo sintético.
Así se dio a conocer, por parte de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), dependiente de la Secretaría de Salud, en el marco de la presentación del Informe de la demanda y oferta de fentanilo en México: generalidades y situación actual.
En el documento se resaltó que pese a las limitaciones en la disponibilidad de estupefacientes y de las acciones de prevención, se reconoció que el consumo y uso excesivo de opioides durante las últimas décadas en los Estados Unidos tiene importantes repercusiones en la dinámica de oferta y consumo en México.
En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que de 2013 a 2019 la tasa de mortalidad relacionada con opioides sintéticos aumentó 1,040%, al pasar de 1.0 a 11.4 defunciones por cada 100 mil habitantes.
Se enfatizó que desde el segundo semestre de 2023, en la atención a urgencias se utiliza el código emergente “U94” en todo el sistema de salud, para hacer un monitoreo preciso de las atenciones relacionadas con la intoxicación por fentanilo.
A través de dicho sistema de monitoreo se ha logrado tener el registro de nueve atenciones hospitalarias de junio de 2023 a enero de 2024 por intoxicación por fentanilo, de las cuales desafortunadamente tres personas fallecieron.
En el marco de la presentación del citado informe, la Secretaría de Salud, informó que representantes de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (Cicad-OEA) -aunque no dio los nombres de quienes hablaron-, se refirieron a las buenas prácticas en materia de información en México.
Ello, debido al Sistema de Alerta Temprana del Observatorio de Conasama y el caso de Baja California, donde el Servicio Médico Forense implementa un programa para detectar la presencia de sustancias psicoactivas en los cuerpos que ingresan a sus instalaciones.
En el evento, se dejó en claro que el fentanilo es un fármaco útil “en escenarios clínicos, como anestésico y como analgésico, para tratar el dolor intenso en diversas condiciones de salud”, aunque, se han presentado casos relacionados con el uso ilícito, lo cual, por la naturaleza de su elaboración, implica importantes riesgos en la salud.
Gente de Conasama enfatizaron que el consumo de fentanilo fuera de contextos médicos no sólo resulta preocupante por su potencial adictivo, sino también por el alto riesgo de sobredosis, y desafortunadamente, con el fentanilo ilícito se desconocer si la cantidad contenida en una dosis puede ser fatal o no, con lo que, por lo regular, la identificación del riesgo de sobredosis sucede cuando ya se consumió la sustancia y provoca intoxicación aguda.
Se resaltó que la Conasama, a través del observatorio, trabaja con diversas organizaciones de la sociedad civil que realizan acciones para la reducción de daños en la frontera norte, como Prevencasa y Verter, las cuales han documentado la presencia de fentanilo en las sustancias que consumían las y los usuarios de sus servicios.
Prevencasa resaltó que la información permite ampliar la perspectiva en la toma de decisiones y que las organizaciones de la sociedad civil son una fuente de información de primera mano, por su contacto directo con las personas consumidoras de sustancias psicoactivas.
Su labor permitió que algunas personas usuarias de fentanilo que desconocían que lo consumían contaran con información para identificar la presencia de este compuesto químico en sustancias como heroína y metanfetaminas.
Por último, señalaron la importancia de la información veraz y la investigación del fenómeno con la finalidad de que las políticas y programas de prevención, tratamiento y reducción de daños estén sustentadas en evidencia científica.
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