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Reyes Rodríguez Mondragón refleciona sobre inédita elección de jueces y magistrados con reforma al poder judicial — Con miras al proceso electoral inédito para que los mexicanos elijan a aproximadamente 850 cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, que incluye a jueces, magistrados y ministros, Reyes Rodríguez Mondragón, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidió que se haga una convocatoria a la sociedad para un “Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral y la Independencia Judicial”.
Al participar en la UNAM en las “Reflexiones finales para el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral”, que se observó en el proceso 2023-2024, Rodríguez Mondragón se manifestó por que se garantice la asignación de un presupuesto adecuado al INE para la elección judicial, en el que se incluya un rubro etiquetado para la observación.
“En un inicio, se anunció que la reforma judicial estaría acompañada de la ciudadanía. Sin embargo, convocar a la participación ciudadana sin un presupuesto específico es demagogia”, acotó.
Señaló la importancia de la aplicación de metodologías rigurosas de investigación y observación electoral que aseguren la veracidad y objetividad de los datos y análisis en todas las etapas del proceso electivo de los cargos en el Poder Judicial Federal.
Y por último, el involucramiento de la sociedad civil en el escrutinio y evaluación de los perfiles para los distintos puestos judiciales.
“Por ejemplo, sería importante considerar su participación en los comités de evaluación de cada poder y en la organización de debates”, subrayó el magistrado.
En estas reflexiones, Reyes Rodríguez indicó que el “Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral” es una iniciativa para garantizar procesos democráticos justos y de un sentido de compromiso activo.
“Cuando las personas participan y se involucran directamente en la observación y defensa de la integridad electoral, no sólo entienden de manera más clara los desafíos y problemas que enfrenta el sistema, sino también se convierten en parte fundamental de la solución. Este acuerdo tiene como antecedente iniciativas convocadas por autoridades, como el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, que resultaron en los acuerdos regionales firmados en ocho entidades de la República entre 2022 y 2023”.
Y subrayó que el pasado proceso fue un ejercicio de gran magnitud, donde hubo importantes tareas tanto en la organización como en la participación ciudadana, pero que no estuvo exento de prácticas poco democráticas, omisiones y violaciones a las normas.
Aunque dijo que se requiere fortalecer el principio de neutralidad de personas servidoras públicas, al emitir una adecuada reglamentación del artículo 134 constitucional que, por ejemplo, establezca reglas para regular la comunicación gubernamental, así como el uso adecuado de recursos públicos, pidió poner atención en el nuevo reto que enfrentarán las autoridades electorales.
“Me refiero a la organización, vigilancia y calificación de la elección de personas juzgadoras, magistradas y ministras. Reconociendo los desafíos que acompañan este proceso, será indispensable prever las medidas que aseguren que sea transparente, libre de intervenciones de los partidos políticos, equitativo y cuente con la legitimidad necesaria. Las elecciones judiciales, inéditas en nuestro país y en el mundo, representan un reto significativo que demanda –una vez más– un esfuerzo colectivo para garantizar su correcto desarrollo”, manifestó.
El magistrado indicó que hoy se hace necesario vigilar y defender la integridad electoral, que es fundamental que ahora se extienda hacia la salvaguarda de la independencia judicial.