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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez informó que hay un proceso civil que va a culminar en un juicio, en el estado de Florida, Estados Unidos, con la demanda civil para la recuperación de activos presentada por el gobierno de México en contra de Genaro García Luna, por más de 600 millones de dólares.
Señaló que esos más de 600 millones de dólares que se reclaman son procedentes del Estado mexicano “a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial de grupo Weinberg dirigido por Genaro García Luna, mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional”.
Durante su intervención en la conferencia de prensa que todos los días encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Gómez Álvarez, detalló que en dicha red participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades.
Asimismo, enfatizó que, antes del juicio que se llevará a cabo próximamente dentro del proceso civil “el juzgado ha ordenado entregarle al gobierno de México 2 dos millones 406,427 dólares, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso”.
Lo anterior, además un departamento -que ya se le entregó al gobierno de México para su venta -, evaluado en 555,800 dólares que fue propiedad de Genaro García Luna, quien se desempeñara como titular de la Secretaría de Seguridad del ex presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa.
Red internacional de lavado de dinero
Pablo PaPablo Gómez aseveró que García Luna conformó una red internacional de lavado de dinero que complementa la red de defraudación al Estado Mexicano”, y enfatizó que entre sus acciones, el Estado mexicano le pagaba, “sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, empresas de cartón, muchas de ellas consideradas como ´factureros´ por el SAT, y otras existen, aunque no tienen un funcionamiento normal”, agregó.
Sostuvo que una intensa labor de investigación ha permitido asegurar 15 propiedades pertenecientes a García Luna y sus cómplices, “esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio porque García Luna se negó a comparecer en el juicio, personalmente, y su esposa”, ante ello, fueron declarados en rebeldía, y los bienes a su nombre, los se conocen-, ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México.
El dinero, dijo, se ha ido ingresando a la Tesorería de la Federación, conforme los inmuebles se van vendiendo.
Durante la conferencia, Pablo Gómez, dio detalle de todo el entramado financiero de Genaro García Luna, a través de diversas empresas muchas de ellas creadas ex profeso para el lavado de dinero, así como depósito de cantidades de varios millones de dólares en Barbados, Israel Estados Unidos, y de vuelta a México,
García Luna, operaba a través de una red cuyas cabezas visibles eran Mauricio Samuel Weinberg López y Jonatan Alexis Weinberg Pinto, con contratos por un total de 727 millones 923,523 dólares y 528 millones 26,666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188,666 dólares y 93 millones 866,666 mil pesos.
Puntualizó que el Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinber Pinto, detenido en diciembre del 2023 en Madrid, como posible responsable del tejido empresarial de grupo Weinber, que fue el que utilizó García Luna para poder conseguir los contratos, ya que primero, él daba los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso y después que dejó de ser servidor público los conseguía “y ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto él operó trasnacionalmente”.
Las empresas Nunvav INC y Nunvav Technologies fueron constituidas en Panamá “no son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque sí operaron en México (pero) nunca pagaron impuestos en México, y tampoco que se sepa que lo hayan hecho en algún otro país, dijo.
Asimismo, refirió que entre 2009 y 2018 la Policía Federal, el Cisen, el OADPRS de la red de García Luna y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pagaron a las empresas del grupo Weinberg 625 millones 188,666 dólares, recursos que se triangularon fuera del país y luego los regresó a México.
Gómez Álvarez resaltó que la información “se obtuvo gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de seguridad pública, Rosa Isela Rodríguez”.