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En la Asamblea General Extraordinaria 132, Claudia Esqueda Llanes expuso un firme posicionamiento en torno a la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo Federal y la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa, que pretende modificar el artículo 123 de la Constitución para transformar el acceso a la vivienda, ha generado un intenso debate y preocupaciones sobre su impacto en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Inquietudes sobre una reforma “regresiva”
Durante su intervención, Esqueda Llanes calificó algunos aspectos de la reforma como un “paso regresivo”, al considerar que transformar al Infonavit en una entidad constructora y operadora de viviendas podría significar un retroceso en la forma en la que el instituto ha funcionado por más de cinco décadas. Actualmente, el Infonavit se ha consolidado como una entidad que financia la adquisición de viviendas para los trabajadores, permitiendo el acceso a créditos y apoyando a más de 12 millones de familias mexicanas.
La reforma propuesta por Sheinbaum contempla, entre otras medidas, que el Infonavit gestione la construcción de viviendas a través de una constructora propia. Esqueda señaló que esta reestructuración implicaría riesgos operativos y normativos significativos, resaltando la experiencia pasada que, según ella, ha demostrado que este tipo de modelos centralizados no han sido la mejor opción para el país.
Preocupación por el modelo de arrendamiento social
Además del papel que asumiría el Infonavit como constructor, la reforma incluye un esquema de arrendamiento social con opción a compra, que permitiría a los trabajadores acceder a una vivienda en renta y, después de 10 años, tener la posibilidad de comprarla si así lo desean. Esqueda fue enfática al señalar que este esquema plantea serios desafíos y podría no ser tan favorable para los derechohabientes como se pretende.
“¿Por qué un trabajador debe cotizar un año para acceder a este derecho si al final está pagando la vivienda con sus propios recursos? Si decide no comprarla, ¿quién se hace responsable del deterioro del inmueble y de la afectación al fondo de vivienda del trabajador?”, cuestionó Esqueda durante la asamblea. Este modelo, que busca ofrecer alternativas a quienes no pueden acceder de inmediato a un crédito hipotecario, ha sido criticado por su potencial de desincentivar el ahorro y la acumulación de capital en la subcuenta de vivienda.
Propuestas alternativas del sector laboral
Desde su perspectiva, Esqueda propuso una alternativa: que el Infonavit mantenga su papel como financiador directo, canalizando recursos a empresas constructoras privadas de calidad, en lugar de asumir el control total de la construcción de viviendas. De esta forma, se buscaría mantener la eficiencia operativa y aprovechar la experiencia acumulada por el sector privado, sin comprometer los recursos de los trabajadores ni la estabilidad del Infonavit.
Asimismo, subrayó la importancia de que cualquier reforma tenga como prioridad la protección del ahorro de los trabajadores. Esqueda insistió en que un cambio tan drástico podría poner en riesgo la capacidad del instituto para seguir otorgando créditos y ampliando la oferta de viviendas recuperadas, un aspecto clave para atender la demanda de vivienda económica y popular en el país.
El contexto de un debate amplio
Este debate se produce en un momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un ambicioso Programa de Vivienda y Regularización (PVR), con la meta de construir un millón de viviendas sociales, mejorar 450,000 hogares y otorgar un millón de escrituras durante su administración. A pesar de las buenas intenciones del gobierno para atender el rezago habitacional, la visión de Esqueda y otros representantes del sector laboral subraya la necesidad de abordar con cuidado los cambios propuestos, especialmente aquellos que implican un cambio de dirección en la misión del Infonavit.
El desafío de encontrar consenso
La Asamblea General Extraordinaria 132 dejó en claro que existe un profundo desacuerdo entre las aspiraciones del gobierno y las preocupaciones de quienes representan los intereses de los trabajadores. Aunque la reforma constitucional sigue en proceso legislativo, Esqueda Llanes hizo un llamado a que las voces del sector laboral sean escuchadas y que se logre un acuerdo que realmente beneficie a los trabajadores.
“Transformar al Infonavit en una constructora no es el camino”, concluyó Esqueda, insistiendo en la necesidad de mantener un modelo que priorice la libertad de elección de los trabajadores y que siga protegiendo su patrimonio. Con la discusión aún en desarrollo, el futuro de la reforma y del acceso a la vivienda para los trabajadores mexicanos sigue siendo un tema de gran relevancia y controversia.