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El reciente ataque armado a las instalaciones del diario El Debate en Culiacán, seguido de la privación de la libertad de uno de sus repartidores este sábado, ha puesto de relieve una preocupación generalizada entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en México. La violencia contra los medios de comunicación no es un fenómeno aislado, sino parte de un contexto más amplio de agresiones que han ido en aumento en los últimos años, especialmente en estados como Sinaloa, donde los ataques se han vuelto cada vez más frecuentes.
ARTICLE 19 y la Red Rompe el Miedo han expresado su firme condena a este ataque, pero su pronunciamiento va más allá de la indignación; demanda una acción urgente y efectiva por parte de las autoridades. Estas organizaciones advierten que los ataques a la prensa no solo afectan a los medios y sus trabajadores, sino que también constituyen un ataque a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada.
Ambas organizaciones han resaltado que, en el contexto electoral actual, la situación de violencia contra periodistas se ha agravado. Según su informe, Sinaloa se encuentra entre los estados con el mayor número de agresiones documentadas. Este tipo de violencia crea un clima de miedo que limita la capacidad de los periodistas para llevar a cabo su labor de manera libre y segura.
La Red Rompe el Miedo, en particular, ha implementado medidas de monitoreo y documentación de casos de agresiones a la prensa en Sinaloa. Su enfoque se centra en ofrecer acompañamiento y recursos de seguridad a los comunicadores, así como en establecer un canal de comunicación con instituciones locales que puedan proporcionar protección. Esta red de apoyo se ha activado como respuesta a la creciente inseguridad y al sentimiento de vulnerabilidad que sienten los periodistas en la región.
La falta de investigaciones diligentes y efectivas sobre estos ataques también ha sido un punto central en el posicionamiento de estas organizaciones. Según ARTICLE 19, la inacción de las autoridades en casos anteriores alimenta un ciclo de impunidad que no solo permite la repetición de estos actos violentos, sino que también erosiona la confianza del público en las instituciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatiza que los Estados tienen la responsabilidad de investigar y sancionar a quienes cometen delitos contra la libertad de expresión, una obligación que debe ser asumida de manera contundente.
Ante este panorama, ARTICLE 19 y la Red Rompe el Miedo han hecho un llamado claro a las autoridades estatales y municipales para que reconozcan la magnitud de la violencia en Sinaloa. Exigen la creación de políticas públicas integrales que protejan a los periodistas y garanticen un entorno seguro para la labor informativa. Asimismo, abogan por un mecanismo de alerta temprana que permita prevenir futuros ataques y salvaguardar la libertad de expresión en un contexto donde la información es crucial para el ejercicio democrático.
Las organizaciones no solo condenan el ataque a El Debate, sino que insisten en la necesidad de una respuesta más amplia y efectiva. La protección de los periodistas es un compromiso que debe ser prioritario en la agenda gubernamental, y su seguridad debe ser considerada como un elemento esencial en la lucha por un México más justo y democrático.