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El eco del lamento por la pérdida del Padre Marcelo Pérez Pérez se siente en los rincones más olvidados de Chiapas, donde su nombre se ha convertido en símbolo de la resistencia y la lucha por la justicia. Su trágica muerte, ocurrida este 20 de octubre, priva a su comunidad de un líder comprometido. Tras el hecho, ACNUR, ONU, CIDH y la Red TDT, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de México, han condenado este crimen y exigen justicia.
Compromiso inquebrantable con la justicia social
Desde el año 2014, el Padre Marcelo se alzó como una voz valiente en contra del crimen organizado, un fenómeno que ha ido infiltrándose en las comunidades indígenas de la región. Fue en ese año cuando encabezó una peregrinación que recorrió 12 municipios, incluido Tuxtla Gutiérrez, para denunciar la penetración de grupos criminales y el creciente tráfico de drogas. Este acto de valentía lo posicionó como un líder social y lo convirtió en un blanco para aquellos a quienes denunciaba.
La vida del sacerdote estuvo marcada por su compromiso inquebrantable hacia la justicia social. Participó activamente en marchas por la paz y actos de resistencia civil, denunciando a grupos delictivos y señalando la corrupción y la colusión de las autoridades con estos actores. En numerosas ocasiones, el Padre Marcelo hizo públicas las amenazas de muerte que recibía, advirtiendo sobre el peligro inminente que enfrentaba por su incansable labor en defensa de los derechos humanos.
En abril de 2020, un hombre en Simojovel tomó fotografías de los colaboradores del Padre Marcelo mientras realizaban actividades en la entrada de la iglesia. Además, el sacerdote recibió advertencias directas sobre su seguridad, incluyendo un ominoso llamado telefónico de alguien que se identificó como “Coronel”, quien le advirtió que su vida y la de sus feligreses estaban en peligro. Pese a la gravedad de estas amenazas, el Padre Marcelo continuó su labor en defensa de los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas, a pesar de la deficiente protección ofrecida por el Estado.
En 2021, ante el aumento de la violencia en la región, el sacerdote propuso la creación de una comisión de intermediación que incluiría a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a las autoridades estatales y federales. Su intención era mediar en los conflictos violentos que aquejaban a Chiapas. Sin embargo, la propuesta fue recibida con escepticismo y enfrentó una feroz oposición. Se lanzó una campaña de desprestigio en su contra, acusándolo injustamente de estar involucrado en la desaparición de 19 personas vinculadas a un grupo armado conocido como “Los Herrera”.
Indignación internacional
Su asesinato ha reabierto viejas heridas y ha traído consigo una ola de indignación que resuena en toda la nación. Organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) han alzado la voz, denunciando la falta de protección hacia quienes, como el Padre Marcelo, se atreven a luchar por los derechos de los más vulnerables. “El crimen organizado ultraja a la nación con la permisibilidad del Estado mexicano”, han manifestado en un pronunciamiento que refleja la frustración y el dolor que sienten ante la creciente ola de violencia.
El Padre Marcelo, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue víctima de un sistema que parece desentenderse de la seguridad de quienes defienden la vida y la dignidad humana.
Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH destacó: “El Padre Marcelo era un referente en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia para Chiapas; su pérdida es irreparable y nos reitera la necesidad de implementar medidas estructurales que cambien el contexto de violencia que sufren algunas regiones de Chiapas.” En este contexto, ACNUR también ha enfatizado la urgencia de garantizar la protección de los defensores de derechos humanos ante un panorama de creciente violencia.
El asesinato del Padre Marcelo se suma a una lista de crímenes perpetrados contra líderes comunitarios y religiosos en México, un país que ha sido testigo de la represión y el exterminio sistemático de quienes se oponen al poder del crimen organizado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado el papel fundamental de los defensores de derechos humanos en la construcción de una sociedad democrática. Sin embargo, con el asesinato del Padre Marcelo y otros crímenes similares, se evidencia que estas voces continúan siendo silenciadas en un entorno marcado por la violencia y la impunidad.