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Luego de que el Poder Judicial ha concedido varios amparos para frenar la reforma judicial que aprobó el oficialismo, Morena y sus aliados en el Senado y Cámara de Diputados buscan “blindar” todas sus reformas constitucionales y presentaron una iniciativa para que las reformas que se hagan a la Constitución no puedan ser impugnadas ni controvertidas ya sea por la vía de la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo.
A lo largo de las últimas semanas, varios jueces y partidos políticos han recurrido a esos recursos jurídico en un intento por combatir la reforma judicial que aprobaron Morena y sus aliados, por lo cual ahora la 4T busca cerrar esa posibilidad para las reformas futuras.
La reforma entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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“Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativo a votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”, explicó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto al presentarla en el pleno.
A su vez el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal explicó que “lo que hace esta reforma es reafirmar el propósito de que no procede recurso alguno, ni amparo, ni controversia constitucional, ni acción de inconstitucionalidad contra una adición o contra cualquier reforma constitucional”.
Detalló que también se agrega que tampoco procede ningún recurso contra el proceso legislativo del Congreso de la Unión, y por tanto tampoco procede contra la materia electoral.
Monreal dijo no importarle las críticas que habrán de parte de varios sectores del país pues recordó que para eso son mayoría.
--Serán el ojo de la crítica…sele advirtió
---No importa. Nosotros estamos conforme a la ley y a la Constitución actuando. Somos mayoría calificada y así nos lo otorgó la población mayoritaria de este país.
Esta iniciativa fue impulsada por los presidentes del Senado y Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, así como los coordinadores Ricardo Monreal y Adán Augusto.
El ex secretario de Gobernación, explicó que el Poder Judicial de la Federación, tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación.
“No le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del poder revisor de la Constitución cuyos actos no son susceptibles de control judicial”, recalcó
De ahí, dijo que los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley.
Insistió que las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en si mismo, “constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo”.