Búsqueda
El compromiso del ISSSTE aceptó cumplir la recomendación 217/2024, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de la queja de una trabajadora del instituto en activo, porque le fue negado el pago de pensión por viudez.
El instituto, encabezado por Martí Batres, refirió que la recomendación de la CNDH, se basa en el expediente CNDH/6/2023/18857/Q, respecto a la incompatibilidad para recibir pensión por viudez a una afiliada, por encontrarse desempeñando un trabajo remunerado incorporado al régimen de dicho instituto social.
Al respecto, el director general del ISSSTE, indicó que en el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio (ROPDT), del decreto con el que se expide la Ley del Instituto se establece la incompatibilidad para recibir pensión de viudez por encontrarse desempeñando un trabajo remunerado incorporado al régimen del organismo.
ANUNCIO
Sin embargo, desde el 24 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se derogó el numeral 2 del inciso D de la fracción XII de dicho artículo que establecía la incompatibilidad referida.
En virtud del compromiso que tiene este instituto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y por ser obligación constitucional del Estado mexicano que todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias apliquen las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.
Ante ello, destacó que instruirá a las áreas competentes del instituto para que, a partir de la aceptación de la recomendación, se realicen las acciones necesarias y conducentes para tramitar y resolver la solicitud de pensión por viudez a la derechohabiente.
Segunda. Realizará la propuesta de reforma del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores, a fin de remitirla al Ejecutivo federal para su consideración, con el objeto de beneficiar a todas las personas trabajadoras del Estado que se encuentren en la misma situación que la peticionaria.
Con ello, se protegerá los derechos de las familias que han contado con ingresos de ambos cónyuges para su sostenimiento económico cotidiano.