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Organizaciones civiles y activistas en Tijuana han alzado la voz para solicitar reformas en la política migratoria al presidente, Claudia Sheinbaum, quien este fin de semana visitará la región por primera vez desde su asunción al cargo.
Las solicitudes de un mayor respeto a los derechos humanos surgen tras una serie de incidentes lamentables en el país, como el asesinato de seis migrantes durante un operativo militar en el sur, y recientes denuncias en Tijuana sobre supuestas agresiones y amenazas de muerte por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).
Judith Cabrera de la Rocha, codirectora del Border Line Crisis Center, declaró que en México se está observando un “aumento paulatino y sostenido de la militarización de la migración y de la criminalización de tanto migrantes como defensores de derechos humanos, lo cual se ha manifestado de manera alarmante en Tijuana”.
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Un caso que ejemplifica esta situación ocurrió el 13 de octubre de 2023, cuando personal del INM y de la Guardia Nacional intentaron ingresar a la fuerza a un albergue cercano al puerto fronterizo de San Ysidro. “Este hecho vergonzoso ya había encendido las alarmas”, mencionó Cabrera.
Además, la activista recordó las amenazas de muerte que recibió la defensora Paola Morales el 2 de octubre de 2024, por parte de una agente del INM. Morales ha sido una voz importante en la defensa de los migrantes en Baja California en los últimos años.
Cabrera insistió en que se exige “en voz alta y para todos los oídos“ detener la militarización de las políticas migratorias. “Sabemos que hay una orden a nivel nacional de detener la migración a como dé lugar, ignorando leyes y acuerdos, en complicidad con el Gobierno estadounidense”, advirtió.
Una crisis con nuevas aristas
La visita de Sheinbaum se da en un contexto complejo. Aunque el Gobierno reporta una disminución del 66 % en la detención diaria de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México de diciembre a septiembre, la migración irregular a través del país ha aumentado un 193 % interanual en la primera mitad del año, superando las 712,000 personas.
La Red Jesuita con Migrantes-México solicitó a la presidenta, quien asumió el cargo el 1 de octubre, una nueva política migratoria “con apego a los derechos humanos”, alejada del enfoque de seguridad militarizada que prioriza el control y la contención, perjudicando la protección y el acceso a derechos fundamentales.
En un posicionamiento compartido, exigieron que los perfiles para los delegados del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) cuenten con “la trayectoria, conocimientos y capacidades necesarias para implementar una política migratoria basada en el pleno respeto a los derechos”.
“Es vital que no se impongan perfiles militares, incluidos aquellos con formación militar, en retiro o con licencia de las Fuerzas Armadas", demandaron.
Políticas de refugio obsoletas
Por otro lado, José Luis Pérez Canchola, director municipal de Atención al Migrante en Tijuana, comentó que es necesario considerar políticas más humanistas que faciliten el refugio en el país. “El problema que observamos es que nuestras leyes son muy obsoletas, y la situación en el ámbito del refugio es aún más crítica. Creo que las autoridades deben trabajar en conjunto con los diputados para abordar esta problemática de manera efectiva”, concluyó.
(Con información de EFE)