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El sector empresarial del país advirtió que la reforma de supremacía constitucional que aprobó Morena y sus aliados para impedir que cualquier recurso desde controversias, acción de inconstitucionalidad o amparo pueda frenar o tumbar alguna reforma constitucional como la del Poder Judicial, no solo genera incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas y ciudadanos, sino que la retroactividad abre la puerta para revisar otras reformas que en su momento fueron declaradas inconstitucionales.
“Dicha reforma no solo es angustiante por la restricción de los derechos de los ciudadanos a defenderse ante posibles abusos de poder, sino también por su carácter retroactivo.
Asimismo, plantea que decisiones previas de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de reformas queden sin efecto, lo cual viola el principio de no retroactividad consagrado en nuestra Constitución y genera una grave incertidumbre jurídica que afecta la confianza en el país, tanto de los ciudadanos como de los inversionistas”, advierte
La retroactividad incluida en la reforma —alerta—genera incertidumbre jurídica, viola el principio de no retroactividad y desalinea la inversión.
“No podemos permitir que decisiones tan cruciales se tomen de forma apresurada y sin la adecuada deliberación y consenso social. No es suficiente con mencionar el “apoyo popular” obtenido en las urnas, ya que ese respaldo no se refleja del todo en el Congreso y las voces de las minorías no están siendo consideradas”, indicó.
El organismo encabezado por José Medina Mora, lamentó que por primera vez en 167 años, una reforma de amparo restringe los derechos ciudadanos, rompiendo la protección histórica contra abusos del poder público.
En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su preocupación por este cambio, materia de retroactividad que pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas
Recalcó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social y empresas nacionales e internacionales requieren un entorno estable y predecible para operar y generar empleo.
“Al eliminar la posibilidad de que el Poder Judicial revise las decisiones del Congreso, se incrementa el riesgo de arbitrariedades y se deteriora la confianza en nuestras instituciones, con efectos negativos para la protección de los derechos ciudadanos y crecimiento del país”, estableció.
Insistió en que el Juicio de Amparo ha sido la última barrera contra los abusos del poder y debe seguir siendo un recurso accesible para todos los ciudadanos y su eliminación como medio de control judicial no solo afecta los derechos individuales, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones y, en última instancia, en la democracia misma.
Advierte que esa reforma de supremacía constitucional que otorga al Poder Legislativo la facultad de modificar la Constitución sin que ninguna instancia judicial pueda revisar la constitucionalidad de sus propuestas es una amenaza directa al equilibrio de poderes y los derechos ciudadanos.
“En la Coparmex nos preocupa este cambio que pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas”, indicó.
Recordó que el Juicio de Amparo, que ha sido durante más de 160 años un baluarte de la justicia en México, está siendo debilitado, pues la reforma aprobada por Morena elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante este mecanismo, lo que abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos.
Asimismo, expresó su inquietud por la rapidez y las omisiones con la que esta iniciativa ha sido promovida y aprobada en el Senado, sin el necesario consenso de los diversos sectores de la sociedad.
“Un cambio de tal magnitud en el marco constitucional requiere un análisis profundo y un debate amplio que considere consecuencias a largo plazo”, demandó.
Por ello, hizo un llamado urgente a los diputados para que actúen con responsabilidad y reconsideren esta reforma.
“Es imprescindible que el Poder Legislativo escuche las voces de la sociedad, evalúe con detenimiento las implicaciones de este cambio para el desarrollo inclusivo del país y garantice que cualquier modificación a nuestra Constitución respete los principios fundamentales de protección a los derechos humanos y fortalezca, en lugar de debilitar, el marco institucional, que ha sostenido la estabilidad democrática del país”, indicó.
El Juicio de Amparo ha sido la última barrera contra los abusos del poder y debe seguir siendo un recurso accesible para todos los ciudadanos. Su eliminación como medio de control judicial no solo afecta los derechos individuales, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones y, en última instancia, en la democracia misma.