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La tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se verá alimentada por el proyecto de resolución a una controversia que interpusieron los partidos de oposición contra la Reforma Judicial.
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, luego de una muy esperada revisión, ha estimado que la norma constitucional en contra de lo que proponen los morenistas, no es inexpugnable y puede ser analizada e incluso invalidada por el máximo tribunal del país. Aún más, estima que hay elementos para determinar que el debilitamiento a la división de poderes puede estar implícito en la reforma constitucional publicada ya el el DOF el pasado 15 de septiembre.
Los morenistas, desde el sexenio pasado, aseguran que la Corte está impedida de avanzar por ese camino debido a que la lectura directa de la norma (y de la lógica) indicaría que lo que el Legislativo aprueba como reforma constitucional ya es parte de la Constitución. Para ellos, se caería en una contradicción al declarar que parte de la Carta Magna es inconstitucional.
A esto, el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá ha estimado que la revisión es factible, pues hay principios básicos de la Constitución sin los cuales se desnaturaliza. Uno de esos principios es la división de poderes, una forma de gobierno definida desde 1917 y que conformaría, según González Alcántara Carrancá, parte del núcleo de la máxima norma nacional. Cuando agregados al texto constitucional vayan en contra de ese núcleo básico y siempre entendiendo que se trata de casos excepcionales, la Suprema Corte estaría en posibilidad de revisar y, en su caso, “expulsar” los fragmentos que contradigan los principios básicos.
Este es un punto a favor de los detractores a la Reforma Judicial (sólo en el proyecto que discutirán los ministros, aún no es una decisión votada), pues con ello se abre la puerta a determinar si la remoción de jueces, magistrados y ministros rompe o debilita la división de poderes.
En efecto, el ministro ponente es meticuloso al revisar el tema de la remoción de los juzgadores, pues no se queda en el enfoque laboral (el derecho de quienes ganaron un lugar mediante la carrera judicial), sino que va más allá y revisa si con ello el Legislativo se excedió al poner en la Constitución una nueva forma en la que se asignen esos puestos.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros (y la remoción de los actuales) se pone así en el banquillo de los acusados, como probable transgresor de un principio básico que es lograr una administración de justicia igualitaria para todos.
La postura de la oposición es clara en este punto: las elecciones en urnas sólo favorecerán a los candidatos a jueces que reciban la bendición y recursos oficiales o, en otros casos, de intereses oscuros que inyecten dinero a las campañas (aunque eso esté formalmente prohibido). El resultado, siguiendo la tesis de la oposición, es que la justicia verdadera resultaría inaccesible para una buena parte de los mexicanos.
La revisión del ministro surge luego de que el asunto le fuese asignado a efecto de formular un punto de discusión para el pleno. La controversia fue promovida por el PAN, PRI y algunos partidos políticos locales.
El ministro ponente tampoco se limita a indicar que la Suprema Corte está facultada para la revisión y eventual “expulsión" de fragmentos constitucionales que rompan la armonía con los principios básicos, pues es explícito al señalar que, además de tratarse de revisiones que sólo pueden darse en casos excepcionales, sino que además “este Tribunal Pleno deberá buscar, dentro de la abstracción que le corresponde, considerar los aspectos coyunturales y propiciar, en todo momento, el diálogo respetuoso entre poderes. Un primer paso para lograr tal cometido es que este Tribunal Pleno se limita a expulsar del orden jurídico las normas generales que resulten contrarias a los principios fundamentales del Estado mexicano,sin que sea necesario reconocer la validez de los preceptos restantes".
Es poco probable que el Ejecutivo y la mayorìa en el Congreso de la Unión vean con buenos ojos este proyecto que el ministro ponente ha puesto a consideración de sus pares. A mitad de todo esto, se ha dado un rumor que apuntalaría el desencuentro: se dice que siete ministros o bien están por renunciar ante el avance de la reforma o bien tendrán una actitud combativa al anunciar que no participarán en la renovación de sus cargos mediante las urnas.
El choque de trenes está a la vista.