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La Cámara de Diputados publicó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o cambios a la Carta Magna.
Las reformas requieren mayoría calificada, requisito que superan Morena y sus aliados del PT y PVEM, que tienen 386 votos en total, por lo que las modificaciones serán aprobadas con los votos en contra de los diputados del PAN, PRI y MC, que han emprendido campañas para desacreditar el cumplimiento del proceso legislativo dominado por las bancadas del oficialismo.
El artículo 105 tendrá una adición fijar que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.
La reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Y se leerá de la siguiente manera: “Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
En los artículos transitorios se indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto.
Este dictamen, avalado en términos de una minuta del Senado, expone que la reforma y adición propuestas guarda completa relación con los principios del constitucionalismo mexicano, en principio, porque el artículo 135 de la Constitución Política dispone que la Carta magna puede ser adicionada o reformada mediante un proceso legislativo que requiere el voto de las dos terceras partes de cada Cámara que conforma el Congreso de la Unión de los individuos presentes y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
“Esta reforma perfeccionará los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas”.
También se argumenta se refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad, como regla y principio constitucional, asentando para no dejar lugar a dudas el criterio que ha imperado de manera inveterada, evitando sobreinterpretaciones que sean completamente ajenas y fuera de los márgenes de la Constitución.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los legisladores de Morena, afirmó que en la Cámara de Diputados se actuará institucionalmente para aprobar “leyes y reformas que limiten los excesos y los abusos del Poder Judicial y de cualquier otro Poder contra la ciudadanía”.
“Estamos en ese proceso institucional legislativo para poner frenos, límites a cualquier abuso, a cualquier extralimitación, a cualquier invasión que se tenga por ministros contra el Poder Legislativo y violación flagrante de la Constitución”, manifestó en declaraciones a los representantes de los medios de comunicación.
“Se ha actuado con prudencia, y lo importante de lo que está sucediendo es que se realizan cambios profundos de manera pacífica e institucional y que, a pesar de que se ha actuado con mucha prudencia, la decisión democrática de las urnas se va a defender”, dijo el zacatecano.
La propuesta de reforma estos dos artículos surgió ante la avalancha ilegal de recursos emitidos por jueces, magistrados y ministros que están inconformes con la nueva estructura del Poder Judicial, sin más argumento válido.