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La publicación del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2024 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha arrojado luz sobre la eficiencia y los desafíos del sistema judicial en México. Los resultados del censo muestran que, durante 2023, el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los Poderes Judiciales Estatales (PJE) gestionaron un número récord de casos, aunque enfrentan desafíos significativos en su capacidad de resolución.
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— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 4, 2024
El censo reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió un total de 17,214 asuntos jurisdiccionales, de los cuales resolvió 15,023. Esto refleja un aumento del 20.5% en los casos ingresados respecto al año anterior y un incremento del 9.2% en los casos egresados. Aunque estas cifras indican una mejora en la capacidad de resolución, el ritmo de crecimiento en los casos ingresados está superando al de los casos concluidos, lo que podría generar una acumulación a mediano plazo. Esta situación plantea la necesidad de evaluar la capacidad del PJ para gestionar de manera eficiente la creciente demanda de justicia.
En el ámbito de los tribunales y juzgados, la publicación de sentencias también aumentó significativamente. Durante el 2023, el PJF emitió 1,205,154 sentencias, un 22.9% más que en 2022, y los PJE emitieron 775,819, lo que representa un incremento del 3%. Estas cifras no solo reflejan un esfuerzo notable por resolver los casos ingresados, sino también un avance en la transparencia judicial, ya que cada vez más sentencias son publicadas en línea, lo que facilita su consulta y aumenta la rendición de cuentas.
En términos de recursos, el Poder Judicial mexicano cuenta con un presupuesto conjunto de 127,486.9 millones de pesos, de los cuales 78,159 millones fueron ejercidos por el PJF y 49,327 millones por los PJE. Las entidades con mayor asignación de presupuesto fueron la Ciudad de México y el Estado de México, con 16% y 11.5%, respectivamente. Este presupuesto permitió a los órganos judiciales contar con un total de 129,287 servidores públicos, distribuidos entre el PJF y los PJE. En cuanto a la equidad de género, el PJF alcanzó una paridad del 50% entre mujeres y hombres en su personal, mientras que en los PJE, las mujeres representaron el 59.2% del total.
A pesar de los esfuerzos, la diferencia entre los casos ingresados y egresados sugiere que la demanda de justicia está creciendo a un ritmo que podría rebasar la capacidad actual del sistema judicial. Esto es especialmente preocupante en áreas de alto volumen como los asuntos penales y familiares, que constituyen una parte significativa de los casos pendientes. Si bien el PJ ha incrementado su capacidad de resolución, el aumento en el volumen de casos resalta la necesidad de mejorar los procesos judiciales y optimizar la asignación de recursos para evitar una acumulación que afecte el acceso a la justicia.
El sistema judicial mexicano ha demostrado avances en su eficiencia y transparencia, pero se enfrenta a una carga de trabajo creciente que podría comprometer su capacidad de respuesta en el futuro cercano. Para atender esta demanda, se requerirán tanto ajustes presupuestales como reformas en los procesos de resolución, especialmente en áreas con alta concentración de casos.