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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está obligada a divulgar el protocolo de consulta dirigido a las comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz en relación con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y su programa de desarrollo, de acuerdo con una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La decisión surge luego de que una persona solicitara detalles sobre el proceso de consulta, incluyendo la forma en que las comunidades y autoridades indígenas fueron informadas y el rol desempeñado por cada dependencia. También se pidió la entrega de documentos y observaciones generadas por dependencias federales, comisiones de derechos humanos, la ONU y otras organizaciones involucradas en la consulta.
En respuesta, Semarnat indicó que su participación se limitó a un rol técnico de asesoría, sugiriendo a la persona interesada dirigir la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), quienes –según la dependencia– serían los responsables directos de la consulta. Esta respuesta motivó una queja ante el INAI, ya que el solicitante consideró que Semarnat debía proporcionar la información.
El caso fue revisado por el equipo del Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, quien encontró que la SHCP es la entidad responsable de conducir la consulta; sin embargo, la participación de Semarnat en las asambleas consultivas como asesor técnico le otorga la facultad para proveer la información solicitada. Según Alcalá Méndez, estas solicitudes de información son clave para que las comunidades originarias conozcan los acuerdos y decisiones relacionados con proyectos que inciden en sus territorios, fomentando la transparencia y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Finalmente, el Pleno del INAI resolvió, por unanimidad, modificar la respuesta de la Semarnat y le ordenó entregar los datos requeridos. Este fallo subraya la importancia de que las autoridades compartan activamente los detalles de los proyectos que afectan a comunidades indígenas, promoviendo una consulta informada y respetuosa en beneficio de los pueblos originarios.