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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicó los dictámenes de las reformas constitucionales que plantean la extinción de siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Morena y su mayoría calificada aprobarán la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador la próxima semana, aunque será un debate largo y e intenso.
El documento modifica los artículos 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución.
El dictamen destaca en su régimen transitorio que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Se establece que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad. En esta extinción se incluye a los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
La propuesta obradorista otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
En la fracción VIII del apartado A del artículo 6 se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del Inai y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para indicar que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.
