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El INAI a través de la comisionada, Josefina Román Vergara, advirtió que las obligaciones de las instituciones públicas en materia de archivos estarán vigentes incluso si se aprueba la reforma constitucional que plantea la desaparición de este órgano garante de la transparencia en México.
“En la reforma, los párrafos relativos a las obligaciones en materia de archivos se quedan. (...) El tema de archivos y gestión documental queda con base constitucional y no ha sido tocado”, señaló
En la inauguración del seminario “Utilidad social de los archivos: reflexiones y perspectivas para la gestión documental”, Román Vergara dijo a personas servidoras públicas responsables de los archivos que su trabajo es fundamental para el cumplimiento de las obligaciones en la materia y para la defensa y custodia de los derechos humanos, porque el ejercicio del derecho a la salud o a la educación se basa en documentos.
“Ustedes, las y los archivistas, están tutelando derechos humanos y protegiendo a las personas con su labor y eso no se va a acabar con la reforma constitucional”, aseguró Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionada del organismo garante de la Ciudad de México (Info CDMX)
En ese sentido convocó a las personas servidoras públicas a seguir apostando por la defensa de los archivos como guardianes de la memoria histórica, como facilitadores del ejercicio de los derechos humanos y como promotores de la justicia.
Garantizar derecho a la información
En tanto que en el Senado, comisionadas del INAI recalcaron que pase lo que pase con el INAI, el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de garantizar que la sociedad ejerza a plenitud sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
En un diálogo universitario realizado en el Senado de la República por alumnos del ITAM, las Comisionadas Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas remarcaron que se requiere de una institución autónoma y especializada para garantizar los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, especialmente en temas delicados como violaciones a los derechos humanos.
Lo importante -dijo—es que “tenga independencia y autonomía, que se comprometa y honre su palabra de tomar decisiones difíciles. No puede ser juez y parte, porque los mexicanos se merecen el ejercicio de estos dos derechos humanos fundamentales que permiten acceder a otros derechos de manera independiente e imparcial”.
La Comisionada Del Río Venegas expuso que la iniciativa de reforma constitucional no ha establecido cuál autoridad se haría cargo de garantizar el derecho a la protección de datos personales en el sector privado.
“La iniciativa no dice quién se hará cargo de los procesos de sustanciación, de las controversias, no dice lo de la mejora regulatoria, no dice lo de la Plataforma Nacional de Transparencia: 700 sujetos obligados son de la federación, pero 7,000, no. Todo eso le hemos explicado a los senadores y a los diputados. Lo que venga, que venga bien regulado, que no vaya a ser un problema en lugar de un beneficio”, advirtió.