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La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su alarma ante la detención arbitraria y las largas condenas impuestas a defensores indígenas en México. Estos activistas, quienes luchan por los derechos de sus comunidades, han sido objeto de procesos judiciales que, según Lawlor, reflejan graves violaciones al debido proceso.
Lawlor destacó que varios de los defensores han sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, enfrentándose a penas de prisión excesivas o detenciones preventivas prolongadas. Entre los casos más notorios se encuentran el de Pablo López Alavez, un líder zapoteca detenido desde hace 14 años sin sentencia, y el de David Hernández Salazar, cuya sentencia fue recientemente revocada, lo que, según Lawlor, demuestra la falsedad de las acusaciones en su contra.
Los casos de Kenia Hernández Montalván, Tomás Martínez Mandujano y otros defensores, quienes enfrentan condenas de hasta 58 años de prisión, son citados por Lawlor como ejemplos de una tendencia preocupante de abuso del derecho penal contra aquellos que se oponen al modelo económico extractivista y defienden los recursos naturales de sus comunidades. Estos defensores han sido acusados de delitos graves como asesinato, en algunos casos sin pruebas claras que los vinculen a los hechos, lo que refuerza la acusación de una criminalización injustificada de su labor.
La Relatora Especial subrayó que estas condenas no solo afectan a los defensores individualmente, sino que tienen un impacto devastador en sus comunidades, ya que limitan su capacidad para proteger los derechos humanos y defender los recursos naturales y tierras. Lawlor hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que revocaran las sentencias de los defensores mencionados y liberaran inmediatamente a los detenidos.
Además, destacó que la revocación de la sentencia de David Hernández Salazar muestra que las acusaciones contra él y otros defensores eran fabricadas, lo que, según la ONU, refuerza la necesidad de una revisión urgente de estos casos.
Finalmente, indicó que está en contacto con las autoridades mexicanas para abordar estas preocupaciones y reiteró la necesidad de que México cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando la libertad y seguridad de los defensores que luchan por la justicia y la protección de sus comunidades.